Para Cristina ya nada será igual

La disputa entre el gobierno argentino y el campo -que protagonizó una feroz huelga de 21 días en casi todo el país con apoyo en las ciudades- dejó al desnudo las debilidades del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que había asumido su cargo hacía poco más de 100 días, y mostró además que está intacta la capacidad de reacción de la sociedad para hacer oír sus reclamos como lo hizo durante la crisis de 2001. Para Cristina ya nada será igual. Más temprano que tarde, su gobierno debió tomar nota de que la extraordinaria recuperación económica que consiguió su esposo el ex presidente Néstor Kirchner (2003-07) ya no alcanzará para mantenerla blindada frente a la crítica social por los fallos de gestión que se arrastran. El campo puso contra las cuerdas un estilo de gobierno en el que las decisiones se concentran en unos pocos, entre ellos su esposo, que conserva toda su influencia pero en las sombras. Ese sistema de poder cerrado, tolerado en la etapa post-crisis, comenzó a hacer agua muy rápido con Fernández al timón. A través de unos 400 cortes de carreteras en 14 provincias, los productores rurales mostraron que pueden dejar a las ciudades desabastecidas de alimentos en cuestión de semanas. Habitualmente calma, la gente de campo se cansó de la política agropecuaria errática e imprevisible de los Kirchner. Cristina, que lejos de distinguirse se reivindica como continuadora de la administración de su marido, heredó una economía saneada pero también un gran desgaste. ¿Cómo es posible si no que un gobierno nuevo, que sigue a otro que consiguió un crecimiento económico de ocho por ciento anual promedio en el último lustro, que logró bajar drásticamente el paro y la pobreza, que renegoció la deuda externa en cese de pagos, y que opera con un alto nivel de superávit fiscal y reservas internacionales, se asome tan velozmente al abismo por un conflicto sectorial? La presidenta asegura que detrás de las protestas hay intentos por desestabilizarla pero los analistas no coinciden con su diagnóstico. Creen más bien que «los Kirchner», como identifican los argentinos ya a este poder bicéfalo, no construyeron bases sólidas de sustentación. Tienen apoyo en las clases bajas pero la clase media urbana -y ahora también la rural- los miran con desconfianza. La crisis comenzó el 11 de marzo cuando el gobierno aumentó del 35 al 44 por ciento el impuesto a las exportaciones de soja, principal cultivo de exportación que ocupa la mitad de la superficie sembrada argentina. La creciente demanda asiática incrementó fuertemente los precios de la oleaginosa en el mercado mundial y Fernández quiso capturar una porción de esa renta extraordinaria argumentando razones distributivas. Lo mismo hizo con el girasol, cuyo gravamen aumentó del 39 al 41 por ciento. Dos semanas después de iniciada la huelga y ante la intransigencia presidencial, el campo obtuvo el apoyo espontáneo de las ciudades, que volvieron a hacer sonar sus cacerolas como lo hicieron durante la crisis de 2001, cuando cayó el gobierno de Fernando De la Rúa (1999-2003). En Buenos Aires pocos sabían sobre la rentabilidad de los agricultores, pero se decían «hartos de la prepotencia de los Kirchner». Fue un acto solidario de sectores de la clase media urbana con su homóloga en el campo. Los piquetes causaron enormes pérdidas al comercio, la industria, el transporte y al propio campo. La medida de fuerza cedió el miércoles 2 de abril, después de cuatro discursos de Cristina, y cuando el desabastecimiento y la consecuente suba de precios, amenazaban con una revuelta. Pero el conflicto sigue. Los productores, fortalecidos, hicieron una tregua de 30 días para discutir una agenda con el gobierno. Ahora es el turno de Fernández que ya se despidió de su breve luna de miel.