La UE endurecerá las leyes para la repatriación de inmigrantes ilegales

Los países de la Unión Europea prevén aprobar hoy una versión del proyecto de directiva de retorno de inmigrantes ilegales endurecida en algunos aspectos para lograr el apoyo de las capitales reticentes, según señalaron a Efe fuentes comunitarias. Los embajadores de los Veintisiete ante la UE debatirán un texto con las nuevas modificaciones propuestas por la Presidencia eslovena tras el rechazo de diez países registrado la pasada semana, y que afronta ya la oposición de organizaciones de defensa de los derechos humanos. Las fuentes dieron por hecho que el texto se aprobará con los nuevos cambios, aunque deberán ser consensuados con el Parlamento Europeo (PE), donde puede haber resistencia en el debate plenario previsto para la primera semana de junio. «Creo que va a haber un acuerdo», declaró en Estrasburgo (Francia) el secretario de Estado español para la UE, Diego López Garrido, quien concluyó una visita de trabajo a esa sede del Parlamento Europeo. El cambio más importante incluido desde la pasada semana elimina la obligatoriedad de que los Estados de la UE ofrezcan asistencia jurídica gratuita a los inmigrantes irregulares en proceso de devolución a su país, a lo que se oponían Alemania, Austria y Grecia. La nueva versión indica que esa asistencia gratuita «puede» ser recibida de acuerdo con las normas de cada país de la UE, mientras que antes se decía que la persona «obtendrá el beneficio de justicia gratuita». Los demás cambios se incluyen en los considerandos. Uno de ellos señala que, en el caso de la prohibición de entrada a la UE de hasta cinco años para los inmigrantes expulsados, que se tendrá en cuenta «particularmente» si ya ha sido expulsado más de una vez en el pasado de un país comunitario. También se indica que los países comunitarios deben disponer de «varias posibilidades de control del retorno forzoso» de los inmigrantes ilegales. En otro cambio, se indica que puede haber «una extensión del período de salida voluntaria» cuando se considere necesario por motivos individuales. El proyecto de directiva intenta lograr una armonización mínima de los estándares de retención y retorno de inmigrantes irregulares. Por ejemplo, el texto establece, en su versión actual, un período máximo de retención de seis meses, ampliables a 18 meses en casos excepcionales, para los inmigrantes sin papeles. En la actualidad hay nueve países -Reino Unido, Suecia, Grecia, Dinamarca, Finlandia, Estonia, Irlanda, Malta y Holanda- que no fijan ningún período máximo de retención de los indocumentados. López Garrido resaltó en este sentido que el proyecto de directiva busca «establecer garantías», ya que introduce figuras como la «supervisión judicial de esos internamientos, que en algunos países no existe», así como «determinadas garantías sobre la situación de los menores no acompañados». Sin embargo, el Consejo Europeo de Refugiados y Exiliados (ECRE) y Amnistía Internacional (AI) manifestaron su oposición al texto, ya que «en sus términos actuales, dañará seriamente los derechos humanos de las personas afectadas». En un comunicado conjunto, las dos organizaciones pidieron a los países comunitarios y a la Eurocámara que no acepten el texto «y trabajen para mejorarlo». ECRE y AI han enviado a todos los miembros del Parlamento Europeo una carta en la que se les urge a no aceptar el texto.