No podrán ser juzgados o investigados durante la duración de su mandato en casos no relativos a su cargo
El Gobierno italiano aprueba una leypara «blindar» a Berlusconi y su equipo
El escudo debe pasar el filtro del tribunal constitucional, que ya anuló uno en 2004
El primer ministrio italiano, Silvio Berlusconi
El Consejo de Ministros de Italia aprobó ayer el proyecto de ley que dará la inmunidad a los cuatro altos cargos del Estado, entre ellos al presidente del Gobierno, Silvio Berlusconi, lo que suspenderá los juicios que tiene pendientes. La norma prevé aplicar la inmunidad a los presidentes de la República y del Gobierno y a los de la Cámara de Diputados y el Senado, mientras que se excluye al responsable del Tribunal Constitucional. De esta manera no podrán ser juzgados o investigados durante la duración de su mandato en casos que se ocupen de delitos que no sean relativos a su cargo institucional, aunque este tiempo no contará para la prescripción. En 2004, el entonces Gobierno de Berlusconi logró la aprobación de una ley similar para garantizar la completa inmunidad de los cinco altos cargos del Estado. Sin embargo, el Tribunal Constitucional anuló la ley sobre esta prerrogativa por considerarla contraria a los principios de la Carta Magna. Para evitar problemas de anticonstitucionalidad, la nueva norma establece que las víctimas de los procesos contra estos cargos puedan continuar sus acciones legales en sede civil, así como la posibilidad de renunciar a la inmunidad. A finales de julio, el proyecto de Ley llegará al Parlamento para una segura aprobación, ya que el partido de Berlusconi tiene una amplia mayoría en ambas Cámaras. En una carta enviada hace unos días al presidente del Senado italiano, Renato Schifani, Berlusconi ya anunció su intención de volver a presentar esta ley para «evitar que se pueda utilizar la justicia contra quien se encuentra en los más altos niveles institucionales del Estado». La norma es un «remake» En realidad, la norma aprobada por el Gobierno es un remake de otra muy similar que aprobó Berlusconi en 2004, en su anterior etapa de Gobierno. Aquel intento incluía al presidente del Constitucional, pero el Alto Tribunal lo tumbó. En propósito entonces era el mismo: ponerse a salvo de los jueces que llevan casos contra Berlusconi, a los que el primer ministro considera «metástasis de la democracia» y a los que acusa de perseguirle sin tregua desde que inició su carrera política, hace 14 años.