Francia inicia la presidencia de la UE más ambiciosa y problemática

Francia estrena presidencia de la Unión Europea el martes, 1 de julio. Se trata de un momento difícil para Nicolás Sarkozy, una prueba de fuego para sus capacidades políticas, ampliamente cuestionadas por un sector de la opinión, que ve en él poco más que un encantador de serpientes inteligente y audaz, pero con poco poso. Tanto el Eliseo, la residencia del presidente de la República, como el Quai d'Orsay, la del primer ministro, llevan meses preparando la ocasión. Para Sarkozy, el momento es propicio para poner nuevamente a Francia a la cabeza de la construcción comunitaria, reconduciendo derivas a su juicio excesivamente liberales en materias como la energía o la lucha contra el cambio climático. Pero, y por encima de todo, el segundo semestre de 2008 era el momento escogido por los dirigentes franceses para consolidar un cambio de 180 grados en el modo de entender las alianzas exteriores de Francia en materia de Defensa. El retorno prometido de la maquinaria militar francesa a la Estructura Militar Integrada de la Otan, de la que está ausente desde los años 60 y el relanzamiento de la Política Europea de Seguridad y Defensa (PESD), constituyen dos retos de primer orden para la política exterior de Francia, que han podido ser enunciados gracias a un giro radical en la actitud del Eliseo hacia Estados Unidos; hostil con Mitterrand y Chirac, amigable y colaborador con Sarkozy. La agenda se completaba, hasta hace un par de semanas, con el difícil expediente de la política de inmigración, el relanzamiento de la Política Euromediterránea, la liberalización de los servicios de interés general o el establecimiento de una fuerza de protección civil. Se trata, en conjunto, de un paquete sumamente ambicioso, que requería de un saber hacer y de un sentido de la oportunidad política ciertamente finos. El resultado del referéndum irlandés ha trastocado todos estos planes. De golpe, la prioridad absoluta de la presidencia francesa de la UE consiste en gestionar el no de los irlandeses al Tratado de Lisboa, en reconducir una situación que amenaza con paralizar de nuevo a la Europa comunitaria, a poco que la situación degrade a la condición de castillo de naipes los esfuerzos de toda una década para la reforma institucional de la Unión. La ratificación del Tratado por el Reino Unido ha frenado las perspectivas de sublevación alimentadas en los sectores euroescépticos de otros socios comunitarios, como Polonia, pero este género de situaciones requieren el despliegue de un enorme esfuerzo diplomático. París concentra ahora sus esfuerzos en definir un horizonte despejado para el Tratado de Lisboa en la cumbre de otoño de la UE, cuando Dublín deberá estar en condiciones de ofrecer salidas a la situación creada. No es tarea fácil porque la solución no depende sólo de Irlanda, y existe una cierta tendencia en parte de la Europa comunitaria a dejar de lado a ese país díscolo, lo que nos situaría en un escenario inédito.