México clama para evitar la ejecución de José Medellín prevista para hoy

La decisión del gobierno de Texas de ejecutar hoy al preso mexicano José Ernesto Medellín ha unido a sectores diversos del país que buscan frenar su ejecución y exigen a Estados Unidos cumplir el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Las acciones de protesta, jurídicas y diplomáticas las realizan lo mismo familiares del sentenciado, organizaciones civiles y activistas como el Gobierno y el Congreso, pasando por la Iglesia católica de México. Hace cuatro años un movimiento similar echó abajo la decisión de ejecutar al mexicano Osvaldo Torres en Oklahoma, cuyas autoridades conmutaron la pena capital por la cadena perpetua. En el caso de Medellín, las esperanzas se han debilitado desde que el gobernador de Texas, Rick Perry, declaró que no acatará el fallo de la CIJ. También porque es conocida su actitud de no ceder a las presiones en estos asuntos. En 2006, pese a las peticiones de clemencia de México, Perry no concedió el perdón a Ángel Maturino Reséndiz, quien se convirtió en el sexto mexicano en ser ajusticiado en Estados Unidos desde 1976, cuando el Tribunal Supremo restableció la pena capital. Varios de los que se han pronunciado ahora a favor de la cancelación de la condena, incluso familiares de Medellín, reconocen la culpabilidad del reo, que participó en la muerte de dos adolescentes, pero recuerdan que la CIJ ordenó que se revise este caso y el de 50 mexicanos más. En 2004, la CIJ consideró en el llamado «caso Avena» que EE.UU. violó la Convención de Viena de 1963, al no respetar el derecho de 51 mexicanos que están en el corredor de la muerte en todo el país a contar con ayuda consular cuando fueron detenidos. Una tía de Medellín, Beatriz Salazar, afirma que estuvo mal «lo que hizo» José Ernesto, «pero eso de matarlo como que no». «Queremos que lo dejen vivo, ahí encerrado para siempre, pero que no lo maten, mi sobrino es un ser humano», dijo Salazar. El gobierno de México ha remarcado que EE.UU. no ha cumplido con las obligaciones que la CIJ le marcó: revisar los casos y reconsiderar las condenas. Los mexicanos son sensibles al tema en un país que excepcionalmente aplicó la pena de muerte en las primeras décadas del siglo pasado.