La extradición a España de un terrorista en relación con el 11-S será revisada

Un juez británico autorizó ayer a los abogados del marroquí Farid Hilali, extraditado este año a España, a solicitar de forma urgente una revisión judicial a fin de que los tribunales del Reino Unido pudiesen investigar la entrega, informó la agencia de noticias local PA. Tras perder una batalla legal de cuatro años, Hilali, de 39 años, fue extraditado el 8 de febrero pasado a España, que lo reclamaba en relación con los atentados del 11 de septiembre de 2001 (11-S) en Estados Unidos. Su abogado, Alun Jones, acusó a la Justicia española de hacer caso omiso de un fallo de la Cámara de los Lores, máxima instancia judicial en Inglaterra y Gales. En una vista en el Tribunal Superior de Justicia, Jones dijo que su cliente estaba siendo investigado en Madrid por su supuesta pertenencia a Al Qaeda. Sin embargo, precisó, los Jueces Lores se habían pronunciado a favor de la extradición en relación «solamente» con el delito de conspiración para causar muertes y daños materiales en Estados Unidos, pero no por «participación en una organización terrorista». En su opinión, las autoridades judiciales españolas estaban incumpliendo claramente una regla de especialidad, según la cual una persona extraditada no deberá ser detenida, juzgada o castigada en el Estado solicitante por cualquier delito distinto de aquel por el cual fue extraditado. Pudriéndose en una prisión En la vista, el juez Jeremy Sullivan estuvo de acuerdo en que si la interpretación hecha por el letrado era correcta, el caso podría tener implicaciones legales importantes para el futuro del sistema de órdenes europeas de arresto, ya que este funciona sobre la base de la confianza entre Estados. Asimismo, pidió a la Fiscalía del Reino Unido, que actuó en representación de España en el proceso de extradición, que llevase a cabo las pesquisas pertinentes para tratar de aclarar este extremo. El abogado de Hilali también criticó la situación de su cliente en España, donde dijo que ha estado «pudriéndose» en una prisión durante siete meses. La entrega del sospechoso a España se produjo después de que en enero pasado los jueces de la Cámara de los Lores dieran la razón a las autoridades españolas.