Decretan la emergencia social para afrontar la crisis de las «pirámides»

El Gobierno de Colombia decretó ayer el estado de emergencia social para hacer frente a la crisis desatada por las estafas de las llamadas «pirámides» financieras y dictó medidas que buscan proteger a quienes depositaron dinero en ellas. El ministro del Interior y Justicia, Fabio Valencia Cossio, anunció que dicho estado, que permite al Ejecutivo decidir medidas de urgencia por un plazo inicial de 30 días, rige desde la medianoche, y de inmediato comenzó la confiscación de dinero y bienes de empresas dedicadas a esas «pirámides». «La idea es devolver, hasta donde sea posible, esos dineros, para evitar la defraudación» expresó el ministro, quien pidió al público respaldar las medidas y tener «mucha calma». Aseguró asimismo que los defraudados tendrán diez días para solicitar la devolución de sus fondos hasta donde sea posible. El fenómeno de las «pirámides», que causó estragos en varios países, entró en crisis en Colombia la semana pasada, cuando comenzaron a desaparecer los responsables de varias oficinas que recibían dinero en metálico a cambio de pagar intereses de hasta el 300 por ciento, dejando estafados a los clientes. Según cifras oficiales, en los últimos tres años funcionaron en el país al menos 240 de esas compañías piratas que pudieron recaudar unos 800 millones de dólares ofreciendo triplicar los fondos y quebraron al no poder cumplir su oferta. La semana pasada se registraron disturbios en varias ciudades, en las que se decretó el toque de queda para contener las protestas, que dejaron dos muertos mientras que un tercer ahorrador defraudado se suicidó. Como consecuencia de esta crisis, el viernes renunció el superintendente financiero, César Prado. El presidente colombiano, Álvaro Uribe, había anticipado el viernes y sábado que se emitirían medidas especiales para detener esas firmas captadoras de fondos y pidió abandonar la «cultura mafiosa del enriquecimiento fácil». La declaración del estado de «emergencia social» se decidió el domingo tras una reunión de más de ocho horas dirigida por el mandatario. Sin que trascendieran las decisiones, se emitieron los primeros cuatro decretos del estado de emergencia, que comenzó a regir en la medianoche del lunes. En desarrollo de los decretos dictados, de inmediato fueron allanadas las sedes de la empresa DMG, que no era una «pirámide», pero sí había logrado captar inversiones de miles de clientes en todo el país por medio del otorgamiento de tarjetas «prepago» para comprar electrodomésticos y otros productos. La Policía llegó de madrugada a las oficinas de DMG en 59 localidades de veinte departamentos colombianos para ocupar los bienes de esa firma, que lleva las iniciales del nombre de su creador, el empresario David Murcia Guzmán.