El ex presidente peruano interpone un recurso de nulidad a una sentencia considerada histórica
Fujimori recibe la máxima pena, 25 años, por violar los derechos humanos
Se le considera culpable de 25 muertes y el secuestro de dos personas en 1992
El ex presidente peruano Alberto Fujimori, en el momento de abandonar la sala tras la sentencia
lima
El ex presidente peruano Alberto Fujimori fue condenado ayer a 25 años de cárcel, la pena más dura que permite el código penal de Perú por delitos de violación a los derechos humanos, una sentencia considerada histórica.
Fujimori escuchó el fallo del tribunal con su habitual semblante imperturbable, y de inmediato se acercó a consultar a su abogado, César Nakazaki, para anunciar que interponía un recurso de nulidad, que fue aceptado por la sala especial que lo juzga.
Con traje oscuro y corbata, Fujimori se había pasado la última sesión tomando notas con aplicación, con aire sereno pero preocupado, y su propio médico, Alejandro Aguinaga, señaló que se encontraba bien en este día crucial para su vida.
Más airada, su hija y heredera política, Keiko Fujimori, declaró al cerrarse este juicio (que ha necesitado 161 sesiones) que el fallo «es una aberración y destila odio y venganza», y advirtió: «Obviamente, no nos vamos a quedar de brazos cruzados, vamos a salir pacíficamente a las calles a respaldar a Alberto Fujimori».
Según Keiko, «millones se unirán a esta cruzada en reconocimiento al mejor presidente que ha tenido el país» (entre 1990 y 2000), pero lo cierto es que los simpatizantes fujimoristas eran no más de 500 personas en los alrededores del tribunal.
Estos simpatizantes protagonizaron momentos de tensión cuando se encontraron con un grupo de sindicalistas contrarios a Fujimori y se enzarzaron a golpes fuera del tribunal, pero fue el único momento de tensión en una zona que desde el lunes por la noche había sido tomada por la policía.
Fujimori, de 70 años, fue hallado culpable de los delitos de homicidio calificado y asesinato con alevosía, lesiones graves y secuestro por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, que dejaron 25 muertos en 1991 y 1992, además del secuestro de un periodista y un empresario en 1992.
Gisela Ortiz, representante de los familiares de víctimas de La Cantuta, se mostró «obviamente satisfecha: Por primera vez el poder judicial responde al clamor de las víctimas», manifestó.
La lectura de la versión resumida del fallo se demoró tres horas y atrajo la atención de decenas de periodistas nacionales e internacionales, organismos defensores de los derechos humanos y juristas internacionales.