Zelaya y Micheletti logran un acuerdo que pone fin a la crisis en Honduras
La presión norteamericana obliga a los golpistas a aceptar un pacto que combina sus intereses y deja la restitución del presidente en manos del Congreso hondureño
Hondureños se manifiestan mientras Zelaya y Micheletti se reúnen.
Un acuerdo salomónico, empujado por Estados Unidos y adoptado en la madrugada de ayer parece haber encarrilado la crisis política que vive Honduras desde hace más de cuatro meses. Los negociadores del derrocado presidente, Manuel Zelaya, y del mandatario de facto, Roberto Micheletti, han aceptado una fórmula que combina sus posiciones y que deja en manos del Congreso, previa opinión de la Corte Suprema de Justicia, la decisión de «retrotraer todo el poder ejecutivo de nuestra nación previo al 28 de junio del 2009».
Todos quedarán contentos si se cumple al pie de la letra el acuerdo de ocho puntos. «Después de todo el vía crucis que hemos seguido, somos optimistas porque seré restituido en la presidencia», afirmó Zelaya desde la Embajada de Brasil, donde se refugió el 21 de septiembre. Poco antes, Micheletti reiteró su opinión de que «es la Corte Suprema quien deberá decidir la posible restitución del señor Zelaya». El gobernante interino agregó que entendía que «nuestro pueblo reclama pasar la página de nuestra historia de estos momentos difíciles que vivimos». El líder depuesto proponía desde un principio que decidiera el Congreso, donde confía en tener mayoría.
Sin duda, el tirón de orejas de los enviados de la secretaria de Estado norteamericana, Hillary Clinton, ha sido determinante en la marcha atrás de los golpistas para buscar «un acuerdo final cuanto antes», aunque por ahora no habrá plazos concretos. El Congreso, en receso, convocará sesiones extraordinarias. Micheletti añadió que «representa una concesión significante por parte de nuestro Gobierno. No podemos poner el interés personal sobre el bienestar colectivo de esta gran nación». Ciertamente es un gran paso hacia la normalización del país centroamericano entre quienes protagonizaron el golpe militar como respuesta a la decisión de Zelaya de convocar, contra viento y marea, una Asamblea Constituyente que incluyera su reelección en la futura Carta Magna.
Ayer se acordó crear un gobierno de reconciliación, rechazar la amnistía política, reconocer las elecciones de noviembre, transferir la autoridad sobre las Fuerzas Armadas al Tribunal Supremo electoral y crear una comisión de verificación de los puntos del pacto.