Los colectivos anti Sama-Velilla acusan a Gobierno y Junta de traicionar a León

Aquellos capilotes de Riaño han retoñado. Pero ahora son juncos: doblan, aunque no parten. Una mata espesa, con 27.000 alegaciones visibles, que se planta entre las intenciones del Gobierno central, alentadas por la connivencia de la Junta, y el no rotundo del movimiento cívico contra la Sama-Velilla, en el que se arraciman más de 40 colectivos sociales, conservacionistas e incluso empresariales. «Desde aquellos tejados riañeses aprendimos no sólo a luchar, aunque perdiéramos, sino a defendernos», explica la portavoz del colectivo, Camino Alonso, después de una semana en la que las dos administraciones han ratificado su apoyo al proyecto de la autopista eléctrica, que surcará 88 kilómetros de montaña leonesa, a través del corredor del Bernesga. «Han traicionado a León. Nos están vendiendo. Ahora sólo quisiéramos saber a cambio de qué, porque en todo negocio siempre se recibe algo», subraya la activista.

El enfado crece y se diversifica. Si el Gobierno había sido hasta ahora la principal institución sobre la que volcar las críticas, la Junta se ha sumado esta semana a la pira con las declaraciones de su vicepresidente segundo y consejero de Economía, Tomás Villanueva. «Dice que está todo firmado entre ellos, el ministerio, el Principado de Asturias y Red Eléctrica Española en el 2005, que es un acuerdo y que el Ejecutivo central debe ser valiente y llevarlo adelante. Pero, ¿qué es lo que han firmado, la venta de León, de la montaña leonesa¿ ¿Con qué derecho? Nos gustaría preguntárselo, aunque no nos recibe», desgrana Alonso, quien califica como «demenciales» las declaraciones del representante de la administración autonómica, que «se ha pasado todo este tiempo, reunión tras reunión y acto público tras acto público, con el argumento en la boca de que no podían hacer nada, ni tenían nada ver y resulta que es la comparsa y animadora de REE y el Ejecutivo central».

Pero no se quedan los dardos en Valladolid. El movimiento cívico no olvida que la responsabilidad principal corresponde al Gobierno, que «no se cansa de propugnar el consenso cuando todos en León, ciudadanos y partidos políticos incluso, ya han dicho que no quieren una línea de alta tensión». «Sólo queda por preguntar a los perros y los gatos», ironiza la portavoz del colectivo, parapetada tras un respaldo social que ha tenido su imagen en manifestaciones y actos con miles de leoneses.

Más allá de la frontera la situación no es muy diferente, pese al empeño del PSOE en mostrar la infraestructura como básica para el futuro del Principado. Una apuesta contra la que se ha creado una Agrupación de Colectivos Asturianos, que ha llevado sus reivindicaciones a los juzgados, y se alzan voces como la del concejo de Aller, por donde pasará la línea, o IU, socio de gobierno de los socialistas.