Los sindicatos temen que la Oficina Judicial perjudique a los funcionarios

Las principales centrales sindicales con representación entre los funcionarios de los órganos judiciales de León han iniciado una campaña para alertar a los trabajadores de los potenciales riesgos que comporta para sus condiciones de trabajo la entrada en vigor de la Oficina Judicial, un sistema que desde su punto de vista, se convertirá en una puerta abierta a la movilidad, que facilitará de forma unilateral que se pueda modificar el catálogo de puestos de trabajo y en suma, significará un perjuicio notable para los derechos que habían adquirido en los últimos años los empleados de la administración de Justicia.

Comisiones Obreras (CC.OO.) y la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) han sido las dos voces más críticas en las últimas semanas con el proyecto que se pretende poner en marcha: «Había un compromiso para respetar las condiciones de los funcionarios de Justicia y no se ha cumplido. Si ya partimos de esa premisa, mal desarrollo puede tener el resto», explicó Javier Fuente, responsable del área de Justicia del sindicato en León. «El sistema de la Oficina Judicial al final se va a convertir únicamente en una fórmula para modificar de forma notable la importancia de los secretarios judiciales y nosotros entendemos que no es bueno para el sistema y que es poner un poder en sus manos que parece excesivo», criticó el delegado sindical.

«El Ministerio está hablando primero de las funciones que se deben cumplir y todavía no nos ha explicado la organización. Estamos abiertos a la negociación, pero el tiempo sigue avanzando y estamos viendo retrasos notables», señaló Fabricio Gómez, como portavoz del CSIF en esta materia.

La entrada en vigor de la Oficina Judicial en la provincia no está definida de momento. «León no está en el esquema piloto y en el mejor de los casos vamos a entrar en funcionamiento en el segundo semestre, pero por lo visto, el primero lleva bastante retraso así que es posible que no estemos listos hasta el año que viene», destaca decepcionado el representante de CSIF. Solamente Burgos, sede del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, ha sido incluida en el programa piloto que debería entrar en vigor este mismo año antes del verano, si se cumplen los plazos que se habían previsto.