La Junta no tolerará injerencias de Mieres en materia policial en Babia

Pinos, el puerto sobre el bebe el deseo de Mieres de eliminar los derechos de los pueblos de Babia sobre el aprovechamiento, regresó ayer a las Cortes de Valladolid. Nada parece haber cambiado desde que a la Babia ganadera se le acabó la paciencia con el vecino invasor. La Junta volvió a dar respuesta, por interpelación del procurador Joaquín Otero, que se interesó por la medida de defensa que argumentaba la consejería de Interior y Justicia de la Junta de Castilla y León. Respondió el titular, Alfonso Fernández Mañueco, en Pleno: que la Junta en este asunto se ha venido guiando por tres principios: la defensa de las competencias públicas autonómicas y locales propias, la búsqueda de entendimiento y colaboración entre las partes y la mejora de los servicios públicos a los ganaderos y vecinos de la zona.

La Consejería de Interior y Justicia considera que es necesario distinguir claramente entre lo que es el ejercicio de potestades públicas, y lo que es el derecho de propiedad privada. El Ayuntamiento de Mieres es titular de un derecho de propiedad privada sobre una finca situada en el Puerto de Pinos, que está gravada con una servidumbre de aprovechamiento de pastos en beneficio de ganaderos de la zona de Babia. Mañueco añadió que la Junta no va a tolerar el ejercicio de potestades públicas por parte del Ayuntamiento de Mieres sobre dicha finca. «Y por eso en su día, en el año 2006, se opuso a la iniciativa del Ayuntamiento de Mieres de aprobar una ordenanza reguladora del aprovechamiento de la finca, y la paralizó mediante las alegaciones oportunas ante el propio Ayuntamiento». Mañueco recordó que la Junta se dirigió al Delegado del Gobierno en Asturias y al Gobierno del Principado advirtiéndoles de la irregularidad del procedimiento y la imposibilidad de que autoridades públicas como la policía local de Mieres pudieran actuar fuera del límite jurisdiccional de su término municipal. «Ahora bien, otra cosa es el derecho que tiene un propietario de contratar a unos guardas para su finca. Pero las funciones de esos guardas deben ser las de cuidado de las instalaciones de la finca, en ningún caso las de policía; de lo contrario, la Junta de Castilla y León actuará con firmeza para impedirlo, como también debe hacerlo la subdelegación del Gobierno en León», añadió el consejero de Interior.