Asaja entiende que el fraude agrario en León «no pasa de ser anecdótico»
El sindicato aprueba un documento en su multitudinaria asamblea para rechazar que se trate de manchar la buena imagen del sector primario

Turrado, en primer término, durante su intervención ante la asamblea de Asaja ayer en León.
Al contrario de lo que denuncia Ugal, que cifra en un 25% el mercado del maíz leonés inmerso en una situación de fraude por la actuación de los almacenistas, el sindicato Asaja considera que esta situación, «de existir», «no pasa de anecdótica». Por ello, Asaja aprobó ayer en su asamblea una declaración en la que pone de manifiesto rechaza que exista dentro del sector un fraude generalizado tal y como manifestó la pasada semana el sindicato Ugal. «Por el contrario, el sector agrario provincial declara fiscalmente la inmensa mayoría de los productos que comercializa y el fraude, de existir, no pasa de ser anecdótico». En la misma cita asamblearia, a la que asistieron medio millar de afiliados que representan a más de 2.300 explotaciones agropecuarias leonesas que tienen filiación con Asaja, el sindicato de Jóvenes Agricultores matizó que agricultores y ganaderos leoneses cumplen escrupulosamente con los requisitos que establecen los reglamentos comunitarios y la normativa nacional y de la comunidad autónoma que es de aplicación. «Asaja lamenta que exista una organización agraria que pretende ensuciar la buena imagen de un sector que se limita a trabajar y a crear riqueza, cumpliendo además su papel social, y que nunca se ha caracterizado por ser un sector especulativo o de enriquecimiento fácil, más bien al contrario, es un sector en el que se trabaja duro obteniendo muy poco a cambio», indica la organización en un comunicado.
Ayudas de mínimis. También respecto a la Política Agraria Común, y según destacó el presidente de la asociación agraria a nivel regional, Donaciano Dujo, su sindicato apuesta por una intervención de mercados para soslayar el hundimiento de los precios de cereales, además de la concesión de ayudas de mínimos que ha autorizado la Unión Europea de hasta 15.000 euros por explotación.