Reportaje | a. caballero
Consumidores y críticos
El Ayuntamiento llevará el Aula de Consumo a los colegios para formar a los escolares y que sepan defenderse
Rodríguez, primera por la derecha, presidió el consejo.
Aquel matrimonio que «recuperó 10.000 euros en un pleito contra una entidad financiera, que le había aplicado una penalización por retirar su el dinero antes de tiempo y no se les había informado»; un «error en la factura de la luz por el que pretendían cobrar a un vecino 700 euros; o «la recuperación de 479 euros que una aseguradora quería aplicar a un cliente por unas pruebas» son los tres ejemplos más significativos en los que la concejala de Comercio y Consumo del Ayuntamiento, María Rodríguez, expuso ayer para dar una imagen fiable de la labor de la Oficina Municipal de Información al Consumidor. Un instrumento que amplía su influencia, como detallo la edil socialista, con un aumento en el último ejercicio de «más del 30% en la tramitación de expedientes» y «un 68%» en las actuaciones de la Junta Arbritral de Consumo: el organismo cuyos laudos son vinculantes y que ya cuenta con 1.835 empresas asociadas.
El análisis triunfal de la concejala coincidió con la celebración del Día Internacional de los Derechos del Consumidor. Una jornada en la que la reunión extraordinaria del consejo municipal de consumo sirvió para renovar el convenio, fijado en 21.000 euros, por el que las tres asociaciones de consumidores de la ciudad reciben recursos para asesorar a los ciudadanos por la tarde, dado que la Omic funciona con horario de mañana. Un acuerdo «pionero en España», como citó Rodríguez, quien recordó que este era uno de los puntos básicos del programa electoral para el área, en el que también se apuntaba la necesidad de dotar de una mayor «especialización tecnológica a la Omic y potenciar el arbitraje de consumo»; tres apuestas que considera que ya han sido «conseguidas».
María Rodríguez, asentada en este cumplimiento, avanzó que los próximos retos a los que se enfrenta su concejalía pasan por la firma de un convenio con los colegios de la ciudad para que sean beneficiarios del Aula de consumo, puesta en marcha este año. «Se les impartirán clases para que los escolares sean consumidores críticos y responsables», propuso la edil del PSOE.
La vía de la colaboración también se utilizará para definir un convenio de colaboración con la Universidad de León para elaborar un Plan de Salud. Un trabajo en el que se describa «la evolución de los hábitos alimentarios», como apuntó la concejala de Comercio y Consumo.