La Policía Local ha puesto decenas de multas «alegales» desde septiembre
El Ayuntamiento reconoce que la prohibición de aparcar en General Lafuente a los no residentes en el casco histórico no ha sido aprobada por ningún órgano local
El parquímetro, como se observa en el ángulo inferior izquierdo, ha sido retirado y ahora se suceden
En el limbo de lo «alegal» viven las sanciones de tráfico impuestas en la General Lafuente desde el mes de septiembre. Una situación que origina que a quien recurre se le anula la sanción, como admiten desde el Ayuntamiento, pero que, en el caso de los ciudadanos que han decidido pasar por caja sin cuestionarse la validez de la multa, contribuye a engordar las arcas municipales: 90 euros, que se convierten en 63 euros gracias al descuento del 30% que se obtiene si se paga durante los 30 días naturales siguientes al de la notificación del inicio del procedimiento sancionador.
La «alegalidad, no ilegalidad», como puntualizan desde la Policía Local, surge del cambio de regulación de la calle, que se ha hecho con la colocación de señales de prohibición de aparcar para los vehículos que no cuenten con distintivo de residentes en el casco histórico, pero sin que esta variación haya pasado por algún órgano municipal, como es preceptivo, más si cabe en un vial que está incluido dentro de la ORA con color azul.
El cambio de regulación en la calle, explican desde la administración, se deriva de una reclamación por parte de los vecinos del casco histórico afectados por las obras de reurbanización de la zona, que han llegado a ver cómo sus garajes no pueden ser usados por el corte de la calle. Una queja atendida que, primero se planteó como provisional, pero que pasará a ser definitiva este próximo miércoles, cuando el Pleno municipal apruebe la modificación de la ORA y excluya General Lafuente de su área de regulación. Trámite necesario para cumplir con el principio de seguridad jurídica ahora conculcado.
Pese a esta ausencia de cumplimiento de los trámites, los agentes tiran de boletín sancionador, con mayor frecuencia desde enero, mientras que los ciudadanos, confiados de que se mantiene como zona azul, a pesar de que incluso se desmontó el parquímetro, encuentran a su vuelta al vehículo la receta amarilla en la que se explica el objeto de la denuncia: «estacionar en zona reservada residentes sin autorización». Aunque no esté autorizada aún la reserva.
