Los propietarios exigen variar la fórmula para fraccionar el IBI

Pese al dictamen del Procurador del Común, el Ayuntamiento de León persevera en su política de fraccionamiento del pago del IBI condicionado a la domiciliación bancaria, «con la amenaza se cobrar recargos si solamente se hace efectivo el primer plazo sin domiciliar el segundo», criticó ayer la Cámara de la Propiedad Urbana de León. Ante «la actitud de la Concejalía de Economía y Hacienda, el organismo insiste en su queja de que se trata de «prolongar una regulación ilegal que va contra los derechos de los contribuyentes», dado que «no existe ninguna norma que exija a los ciudadanos ser titulares de una cuenta bancaria».

Para reclamar al consistorio que cambie su procedimiento, la Cámara de la Propiedad Urbana de León acude al dictamen del Procurador del Común, en el que «se desmontan los argumentos del Ayuntamiento de comodidad y facilidad» al aclarar que este objetivo «sólo se cumple en el caso de que sean titulares de una cuenta bancaria, circunstancia que no tiene por qué concurrir en todos los casos», además de que hace constar que «sería comodidad si así se ofreciera como posibilidad y no como obligación».

«Sabemos que la resolución del Procurador del Común no vincula a la administración, pero consideramos que su criterio es casi tan cualificado como el judicial», subrayó el presidente del organismo, Luis Álvarez Méndez, quien concedió que «esta actitud de la Concejalía de Hacienda sólo demuestra que la motivación de su actuación es exclusivamente el afán recaudatorio, sin que le importe una más que problable ilegalidad». «Ya sólo nos queda esperar que el órgano jurisdiccional emita una resolución que restablezca la legalidad», resumió la Cámara de la Propiedad Urbana, que fue la impulsora del recurso que acabó con la sentencia del TSJ de nulidad de la subida del IBI en el 2008; un fallo sobre el que ahora se debe pronunciar el Supremo.