El juez archiva la denuncia contra Miguel Hidalgo por el caso del carril-bici de Nava
El magistrado no cree acreditada la acusación de prevaricación y de un uso torcido del derecho
El juez de Instrucción número 1 de León ha acordado el sobreseimiento provisional y el archivo de las diligencias abiertas contra el ex regidor de Villaquilambre, Miguel Hidalgo, por un posible delito de prevaricación del que le acusaba el ministerio fiscal a raíz de las obras del carril-bici de Navatejera. El magistrado entiende que «no ha resultado debidamente justificada la perpetración del delito», y pone el acento en que «ni siquiera quienes se suponen expertos o al menos se han atrevido a emitir un juicio u opinión sobre la cuestión muestran criterios coincidentes».
Contrato o gestión. Los hechos que se investigaron y que se han archivado se remontan a mayo del 2007, cuando el entonces regidor modificó presuntamente un convenio urbanístico para cambiar la obligación del constructor de soterrar una línea de alta tensión en el SAU-4 de Navatejera, valorada en 84.430 euros, por la ejecución de una ciclovía en el Camino del Valle con un coste de 323.000 euros.
El fiscal apreciaba en su denuncia que la presunta contratación no se había llevado a cabo a través de las normas más elementales para eludir las formalidades admitidas en la ley de contratación administrativa. Sin embargo, el juez no cree acreditado que los cambios sean «una manifestación de voluntad» típica de los contratos, como argüía el fiscal, en lugar de una gestión urbanística, como defendió Hidalgo. En su auto, el magistrado resalta el contraste «entre los rotundos términos con que se expresan la técnica de contratación o la asesora jurídica frente a los más ponderados del (entonces) secretario del Ayuntamiento», lo que «patentiza», a su juicio, «la dificultad técnica de pronunciarse en torno a si el controvertido acto del 22 de mayo del 2007 fue un contrato o mera gestión urbanística».
Hidalgo, satisfecho. Es más, el juez asegura que las manifestaciones divergentes de los testigos hacen imposible «apreciar, de modo palmario» que el acusado haya realizado «una aplicación torcida del derecho». Recuerda, además, que ese acto es susceptible de control en la vía administrativa.
Hidalgo mostró su alegría por el archivo de la denuncia y aseguró que le devuelve «la esperanza de que hay justicia», ya que se sintió protagonista de una injuria.