Más de 11.500 pymes leonesas tienen problemas a causa de la morosidad

Más de 11.500 pymes leonesas tienen problemas a causa de la morosidad, y además los problemas financieros derivados de los retrasos en los pagos son la causa de una de cada cuatro quiebras empresariales. Así lo señaló ayer el presidente de la Federación de Autónomos y Castilla y León (Feacyl) y también de la Federación Leonesa de Empresarios (Fele), Javier Cepedano. El presidente de las patronales defendió la reforma de la Ley de Morosidad, porque «supone un avance en la línea de reducir y limitar los graves efectos que un excesivo periodo de aplazamiento de los pagos tiene para las empresas, en especial para las pymes y autónomos».

Javier Cepedano destacó en rueda de prensa los datos de un estudio realizado por Feacyl, que reflejan cómo casi un 18% de los autónomos de la provincia se han visto afectados gravemente por la morosidad de las administraciones públicas, mientras que otro 11,14% (algo menos que la media autonómica) están afectados por la morosidad privada. Esta es la que afecta a más de 31.000 pequeños empresarios en la comunidad, 11.500 de ellos en León.

«Si las administraciones públicas pagaran sus facturas a tiempo, equivaldría a una inyección económica de 10.600 millones de euros, un 14% más que el año pasado», explicó el presidente de la patronal.

Cepedano insistió en quela morosidad asfixia a las empreas, por lo que valoró «muy positivamente» que se fijen los plazos máximos «de cobros irrevocables, así como que el plazo para realizar los pagos comience a contar a partir de la entrega de la prestación o servicio, y no desde la fecha de emisión de la factura».

Nuevos plazos. La reforma de la Ley de Morosidad establece que desde el 2013 se rebaje a 60 días el plazo para los pagos entre las empresas, y a 30 días los que tienen que hacer estas a la administración. Serían 50 días en el 2010 y 2011, y 45 días en el 2012, como periodo de adaptación. Sin embargo, los empresarios consideran que las restricciones económicas que sufren las administraciones, de manera especial los ayuntamientos, «hará complicado que puedan cumplirse estos plazos».

Javier Cepedano se refirió también a la subida prevista de las tarifas eléctricas de acceso, que serán en julio del 10% para los hogares y los pequeños comercios, del 5% para la mediana industria y sin embargo se congela para los grandes consumidores. «De nuevo la propuesta perjudica en mayor medida a los empresarios autónomos», señaló el presidente de la federación, que recordó que el incremento se suma al 3% de enero.