Desde una sanción máxima de 600.000 euros hasta la rescisión

Dos son los criterios que basan este expediente sancionador: la legalidad establecida y los pliegos que regulan la concesión del servicio de recepción y tratamiento de residuos de toda la provincia. La apertura de este expediente obliga al nombramiento de un instructor y un secretario para que certifiquen si hay causa, permitan la defensa a la empresa y propongan la sanción. La más alta económicamente está fijada en los 600.000 euros, aunque la máxima supondría la resolución del contrato con la UTE, que deberá refrendar, si se llega a este punto, la asamblea del consorcio como órgano competente.

Tampoco hay acuerdo con la empresa en el nuevo convenio que los trabajadores se garantizaron firmando un preacuerdo con Gersul, evitándose así la huelga prevista para Semana Santa en el sistema provincial de recepción y tratamiento de residuos y un nuevo caos, como ocurrió en las dos movilizaciones anteriores, en la semana del puente de la Constitución y en plenas Navidades.