UGT exige a las administraciones el apoyo al circulante de Antibióticos
El sindicato critica la «irresponsabilidad» de la Junta y el Estado por no garantizar el capital necesario para hacer frente a los contratos firmados por la empresa
El secretario regional de FIA UGT, Manuel López (centro), junto al presidente del Comité de Empresa.
La línea de circulante que necesita la planta de Antibióticos para pagar las materias primas necesarias para garantizar la producción acorde a la demanda existente asciende a cuatro millones de euros mensuales, según manifestó ayer el secretario de FIA UGT en Castilla y León, Manuel López García. Cuatro millones para financiar el circulante que Enerthi -"la empresa que gestiona la planta desde octubre del año pasado-" tendrá que buscar en el extranjero en caso de que persista la falta de apoyo institucional de las administraciones autonómica y central. «Nos dicen que nos apoyan si venimos de la mano de una entidad bancaria y debería ser al revés», denuncia el presidente del Comité de Empresa, José Ignacio Ronda.
Enerthi adelanta los cuatro millones que posteriormente se recuperan con los pagos de los clientes, que se están produciendo a los dos o tres meses de entregado el producto. UGT denuncia que de no conseguir la financiación requerida los proveedores podrían perder la confianza en la empresa y la recuperación de la planta podría verse interrumpida.
Desde el sindicato achacan la falta de apoyo a los recelos que Enerthi levanta dentro de la administración autonómica. Manuel López ha declarado que las sospechas de que Enerthi está utilizando Antibióticos para introducirse en el sector energético y «cazar subvenciones» son totalmente infundadas.
El secretario regional de FIA UGT afirmó que «Antibióticos no ha pedido ni una sola subvención». Según UGT, la dirección de Enerthi estaría dispuesta a que se fiscalize y controle toda la gestión de Antibióticos si con ello se garantizan las mismas ayudas que reciben las empresas de otras provincias.
Tanto López como Ronda han manifestado que no dudarán en exigir responsabilidades tanto a la Junta como a la Administración General en caso de que la financiación llegue finalmente del extranjero y comprometa la titularidad nacional de la planta.
Los sindicalistas también han acusado a la Junta de favorecer a aquellas compañías situadas en provincias donde tienen «intereses políticos» y han anunciado que de no encontrar una salida para sus demandas terminaría llegando la conflictividad social a la planta.