La UE elige la opción de futuro que más perjudica a las minas leonesas
El consejo de comisarios prevé analizar el martes un futuro reglamento de ayudas que pasa por subvencionar los costes para cerrar las explotaciones en una década
El sector minero ha solicitado a Bruselas que se aplace el debate sobre el nuevo reglamento.
La Comisión Europea ha valorado en los últimos meses seis opciones sobre el futuro del reglamento de ayudas al sector del carbón, entre las que ha optado por la que más perjudica a los intereses de las minas leonesas. Según el memorandum explicativo que maneja la comisión, después de analizar «los efectos adversos del cierre de las minas que podría seguir a la supresión de las subvenciones, sobre todo en relación a los aspectos sociales y medioambientales», la propuesta que tiene previsto realizar este martes al consejo de comisarios (paso previo a la aprobación definitiva del nuevo marco legal de estas ayudas por el Consejo de Ministros Europeo de Industria y Energía) es la número cinco, que «permite a los estados miembros dar ayudas tanto al cierre como para cubrir costes excepcionales», en un horizonte que prevé el cierre de las explotaciones en un periodo máximo de diez años.
La fórmula elegida, que los gobiernos autonómicos de Castilla y León y Asturias (a los que se unen los de Aragón, Castilla-La Mancha y Renania-Westfalia) han propuesto que se aplace, establece «dar ayudas al funcionamiento claramente regresivas, con el fin de cubrir las pérdidas de producción actuales, mientras lleve acompañada una disminución ordenada de la actividad en el contexto de un plan de cierre bien definido» de las explotaciones actuales.
Se contempla también la posibilidad de que se permitan ayudas para cubrir los denominados costes excepcionales, es decir, los costes sociales y medioambientales relacionados con el cierre de las minas de carbón; «tales como beneficios sociales y costes relativos a la rehabilitación de antiguas minas de carbón».
El punto de vista social. Esta opción, contraria a los intereses españoles en materia de carbón (el país defiende el mantenimiento de una reserva estratégica en los términos actuales, después de haber llevado a cabo en las últimas décadas un intenso proceso de reconversión y de dar por terminado el proceso de cierre de las explotaciones no viables en el 2007); se considera la más adecuada «desde el punto de vista social. La combinación de un cierre gradual de las minas, que permita maximizar las posibilidades de prejubilación con apoyo complementario en términos de reubicación y reciclaje, reduce el impacto social negativo del cierre de minas en las regiones afectadas. Aunque no fomenta la creación de empleos fijos, aborda directamente el problema del impacto social que el cierre de las minas concentra geográficamente en pocas regiones».
Reconocen los autores de la propuesta que en términos medioambientales «hay mucha incertidumbre», ya que consideran que el carbón autóctono se sustituiría por otro de importación, lo que no repercutiría en una reducción de las emisiones contaminantes. Sí permitiría la rehabilitación de los entornos de las minas.