El Ayuntamiento recurre ante el TSJCyL el auto judicial que paralizó el inicio de las obras del tranvía

El Ayuntamiento de León recurrió hoy ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) el auto judicial que obligaba a la paralización de las obras en la calle Padre Isla y en la plaza de Santo Domingo de la capital, inicio de la instalación de la primera línea de tranvía en la ciudad. Así lo anunció el concejal de Urbanismo, Francisco Gutiérrez, quien explicó que el objetivo de este recurso es demostrar que el Ayuntamiento «no ha recurrido en la vía de hecho que se manifiesta en el auto» y, al tiempo levantar «lo antes posible» la paralización de las obras.

A juicio de Gutiérrez, la paralización dictaminada judicialmente está provocando «un grave perjuicio para los intereses generales» de la ciudad. Señaló también que tanto el equipo de Gobierno como el grupo de trabajo que ha abordado este tema en las últimas semanas no comparten el auto judicial porque «no se ajusta a la actuación que el Ayuntamiento ha desarrollado», dijo.

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de León culpó de esta situación al Partido Popular, quien «intenta boicotear» el proyecto «porque lo han reconocido ellos mismos», señaló. Por ello advirtió de que la paralización «pone en riesgo» no sólo la obra que el Ayuntamiento había licitado, sino la inversión total del proyecto, incluida la integración de Feve, un plan cifrado en más de 50 millones de euros.

«Opinamos que detrás de la oposición a este proyecto está el PP porque vivimos en una situación preocupante, ya no sorprendente, porque desde las primeras declaraciones del Grupo Popular en el Ayuntamiento anunciaron el boicot al proyecto», añadió Gutiérrez. El concejal de Urbanismo recordó que el PP «intentó hacer valor una supuesta declaración de BIC de la plaza», además de intentar paralizar «todas las actuaciones que ha desarrollado el Ayuntamiento» respecto a este proyecto y otros para la ciudad «y no les duele en prenda para ello utilizar a asociaciones de vecinos o utilizar a otras administraciones», denunció.

En este sentido, Francisco Gutiérrez acusó al PP de intentar «utilizar a la Junta como instrumento de paralización» de lo que es «un proyecto de futuro para la ciudad» y que supondrá «progreso para León». Por ello, Gutiérrez lamentó que el PP haga «un análisis meramente electoral, porque les importan los votos y no los ciudadanos», insistió.

Francisco Gutiérrez añadió que el «boicot» tan sólo podrá conseguir sus objetivos «si el delegado y la Junta lo permiten». Aunque aclaró que no se pretende poner en duda la objetividad de la Administración autonómica, el concejal de Urbanismo explicó que «el delegado territorial es secretario general del PP, la concejala que anunció el boicot es funcionaria de Urbanismo en la Delegación territorial y tiene incidencia directa sobre lo que está sucediendo y el amable vecino que recurre todos los actos del Ayuntamiento es el jefe de servicio nombrado en su momento por el PP».

En el mismo sentido se pronunció la viceportavoz del Grupo municipal Socialista, María Rodríguez, quien declaró que el equipo de Gobierno seguirá apostando por un proyecto «esencial» para la ciudad que supondrá una inversión de 50 millones de euros para «solventar» una reivindicación «histórica» de los vecinos de la ciudad «para cerrar una brecha que suponía el paso de Feve en la ciudad».

En el caso de que el proyecto finalmente no pueda salir adelante, María Rodríguez aludió al PP como el único al que achacar «la paralización, demora y posible pérdida de un proyecto de esta envergadura», y pidió explicaciones para los vecinos de los barrios por los que pasaría el proyecto, como los barrios de La Palomera, La Asunción o San Mamés «que llevan reivindicando este proyecto desde hace muchos años».

María Rodríguez recordó que se trata de un medio de transporte «ecológico, rápido, sostenible y también económico» que permitiría «revolucionar» la movilidad dentro del casco urbano, así como de la integración de Feve «que va a dejar de separar a dos barrios de la ciudad», insistió. Por ello, la viceportavoz socialista reiteró que se trata de un proyecto por el que el equipo de Gobierno «va a seguir luchando y trabajando» y si otra ciudad, como Valladolid que ya lo solicitó, consiguiera el proyecto «sólo el PP tendría que dar las explicaciones a los vecinos que han reclamado estos proyectos para ser una ciudad moderna».

Entrega de documentación

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de León informó de que ayer mismo se dio traslado a la Junta de «toda la documentación que nos exigía». Según Gutiérrez, «estemos o no de acuerdo con esa exigencia, porque mantenemos que la documentación que hace dos años nos exigió la Junta no debería habérnosla exigido, la hemos entregado porque tenemos que defender los intereses municipales», explicó.

Con estos requisitos cumplidos, Gutiérrez consideró que «no hay ningún motivo» para que el delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Fernández, «dé por expedita la vía para levantar esas medidas cautelares», añadió. Además, el concejal de Urbanismo aludió a una resolución de 2008 de la Junta en la que se determinaba el «no sometimiento al procedimiento de evaluación de impacto ambiental al estudio de viabilidad del tren urbano de León», según la resolución.

«Desde 2008 hasta el auto judicial no hemos tenido requerimientos ambientales de la Junta hasta una hora antes de la celebración de la vista», denunció Gutiérrez, quien añadió que no sólo se ha seguido con la tramitación «adecuada» sino que se comunicó a la Junta el inicio de las obras. «El 20 de julio se comunicó a la Administración autonómica el inicio de las obras, y hasta el 2 de agosto que se inició la vista no recibimos opinión distinta de la Junta», continuó.

Por último, el concejal de Urbanismo insistió en que «no se puede decir una cosa al Ayuntamiento durante dos años y hacer otra el día que se va a una vista judicial», lo que ha provocado una situación «injusta» que, en un ámbito de colaboración administrativa, «no tiene precedentes y no tiene sentido». Por ello, entendió que si la Junta tiene «algo de voluntad en colaborar» con el Ayuntamiento «no habría ningún problema para que continuáramos ejecutando la obra», sentenció.