El TSJ tardará de dos a seis meses en resolver el recurso del Ayuntamiento
En condiciones normales, la carga de trabajo del Alto Tribunal retrasaría bastante la sentencia final sobre el tranvía, pero la trascendencia del asunto lo acelerará
Padre Isla trata de recuperar la normalidad. En la imagen, el estado de la calle el viernes.
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León tardará entre dos y seis meses, aproximadamente, en dictaminar en torno al recurso presentado esta semana por el Ayuntamiento de León contra el auto judicial que decretó la paralización de las obras del tranvía el pasado día 3 de agosto, por considerar el juez que la obra carece de los permisos arqueológicos y de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León y que no se ha modificado el Plan General de Ordenación Urbana, como sería preceptivo en un proyecto de estas características.
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de los de León mantiene paralizadas desde principios de mes las obras para la implantación del tranvía que se habían iniciado en la Avenida de Padre Isla desde principios de agosto, al hacerse eco de la denuncia presentada por la Asociación de Vecinos «Guzmán El Bueno». El colectivo se opuso al inicio de las tareas alegando la falta de algunos los permisos correspondientes. Después de una vista ante el juez, en la que el Ayuntamiento manifestó que sí que se habían solicitado las licencias correspondientes, el Magistrado Juez del Juzgado de Contencioso-Administrativo número 2, sustituto del titular para este asunto, decretó la paralización en un extenso auto de 16 folios, en el que motivó los argumentos que le llevaban a tomar la decisión de no permitir que los trabajos continuasen.
Las competencias en materia de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Burgos, están descentralizadas a dos salas con sede en Valladolid. Dependiendo de la fecha de registro del recurso, el asunto será competencia de una u otra, aunque ambas se mueven en términos muy similares. El pasado año concluyeron el ejercicio con una carga de alrededor de 1.400 asuntos cada una, lo cual supone una media altísima que da idea de la eficiencia con la que se trabaja. «Son dos salas especialmente eficientes, hacen un buen trabajo y tienen un sentido de la responsabilidad muy notable», explicaron a este periódico fuentes cercanas al Alto Tribunal consultadas esta semana.
Los tiempos de respuesta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León rondan los dos años de espera en los asuntos ordinarios. Sin embargo, atendiendo a la importancia de este asunto, es previsible que se le aplique el carácter de especialmente urgente, dado el calado del tema que se trata. Aunque el expediente no se empezará a estudiar en Valladolid hasta principios de septiembre, puesto que agosto sigue siendo declarado mes inhábil a estos efectos, es probable que alrededor de las Navidades pueda haber sentencia al respecto. No es previsible que haya un dictamen judicial antes de dos meses y no parece que el asunto vaya a requerir más de seis para que se dicte sentencia.
A lo largo de la semana, la asociación denunciante ha dejado entrever la posibilidad de que el Ayuntamiento haya contratado los servicios de un gabinete jurídico externo, aunque este extremo no ha sido contrastado. El Consistorio sí requirió servicios de estas características para tramitar ante el TSJCyL el tema del IBI.