Villanueva recalca que no existen quejas contra la Ley de Cajas

El consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, reiteró que el decreto ley sobre la Ley de Cajas, que aprobó el Consejo de Gobierno el pasado jueves, ha sido acogido bien entre los sectores implicados. «Personalmente, no he recibido ninguna queja», mantuvo, para explicar que todos los que se han pronunciado al respecto han dado una opinión «muy razonable sobre lo que se ha hecho».

El decreto ley «no impide a nadie, ni a políticos, ni a empresarios, participar en los órganos de representación», explicó, para precisar que lo único que hace es adaptar la normativa al Régimen de Incompatibilidades del Sistema Financiero español, que prohíbe a los miembros de las cajas hacer operaciones propias en pro de sus intereses personales, así como compatibilizar algunos cargos, concluyó Villanueva. Con este decreto ley, que deberán convalidar las Cortes, la Junta pretende reducir la presencia de políticos, tanto electos como altos cargos de las administraciones públicas, y endurecer el régimen de incompatibilidades para acceder a los órganos de gobierno de las cajas de Castilla y León, en los que no podrán ser elegidos presidentes ni miembros del consejo de administración personas con operaciones financieras vinculadas a la caja participada.

Elecciones en enero. Con la entrada en vigor de esta normativa, las entidades de ahorro de la Comunidad, excepto la resultante de la fusión entre Duero y España, celebrarán entre los meses de enero y febrero el proceso electoral para renovar a sus órganos rectores. A la incompatibilidad estatal sobre la presencia en los órganos de las cajas de políticos electos y altos cargos de la Administración central, autonómica y local, la Junta extiende la prohibición para que en la presidencia y en los consejos de administración haya personas que tengan operaciones, créditos, avales u garantías con la entidad a la que pretenden representar. La normativa estatal reduce la presencia pública en los órganos rectores del 50 al 40 por ciento, cuyo 10 por ciento la Junta de Castilla y León regula para dar más presencia a los grupos de impositores y entidades de interés general o entidades de interés colectivo. Así, impositores representarán en los órganos un 5 por ciento, al pasar del 32 actual al 37 por ciento, mientras que las entidades de interés general aumentan un 5 por ciento hasta llegar a un 10 por ciento total de presencia, cuyo del que la mitad (cinco por ciento) se destina, por primera vez, a los miembros del Consejo para el Diálogo Social. Por otro lado, Cortes y corporaciones municipales pasan del 47 actual al 37 por ciento, con el 16 sobre el 15 para las primeras. También refuerza la norma autonómica la mayoría por las que las asambleas deberán aprobar fusiones, integraciones en el sistema institucional de protección o la transformación de una caja en una fundación especial, de manera que de los dos tercios actuales se pasa a los cuatro quintos para adoptar acuerdos en esa dirección.