Norma encaminada a poner coto a los intereses políticos

Con el decreto ley de las cajas, que deberán convalidar las Cortes, se pretende reducir la presencia de políticos, tanto electos como altos cargos de las administraciones públicas, y endurecer el régimen de incompatibilidades para acceder a los órganos de gobierno de las cajas de Castilla y León, en los que no podrán ser elegidos presidentes ni miembros del consejo de administración personas con operaciones financieras vinculadas a la caja participada. Se extiende la prohibición para que en la presidencia y en los consejos de administración haya personas que tengan operaciones, créditos, avales u garantías con la entidad a la que pretenden representar.