A la espera del estudio económico que fije la aportación de cada parte

Los ayuntamientos implicados en el consorcio del transporte metropolitano esperan que la Junta haga hoy un avance, al menos, del estudio económico de las aportaciones que tendrán que poner cada uno de los participantes, a pesar de que será la administración autonómica quien corra con el mayor porcentaje de la factura.

Este informe está ligado a la reestructuración que tendrán que sufrir las líneas para conformar un esquema racional, después de las negociaciones pertinentes con las catorce concesionarias implicadas, que se reparten en 11 empresas diferentes.

El consorcio, que toma como base la Ley de Transporte Urbano y Metropolitano de Castilla y León, deberá avanzar en la consecuición de unos objetivos entre los que se citan la integración de los servicios de transporte, la satisfacción de las necesidades de movilidad de los ciudadanos, el fomento del transporte público, la definción de un sistema armónico, la contribución a la cohesión social y al desarrollo económico, el impulso del respeto al medioambiente y la implantación de tarifas integradas que optimicen los recursos y aseguren un nivel adecuado de calidad de los servicios, según las explicaciones aportadas por la administración autonómica después de la firma del protocolo inicial.

Objetivos que comprenden una gran complejidad técnica, juyrídica y administrativa, como han remarcado los responsables autonómicos durante los cinco años del proceso. Una trayectoria trabada en muchos momentos que hoy, como mínimo, empezará a tener representación en el terreno y no sólo en los despachos.