Oposición a que las térmicas quemen ya el carbón de Hunosa
El Gobierno quiere que se emplee ya el mineral amortizado en los almacenes
Imagen de la marcha minera bajo un tendido eléctrico.
La intención del Gobierno de que las térmicas comiencen la quema de carbón procedente de los almacenamiento temporal de Hunosa no levanta entusiasmo entre el sector carbonífero; al contrario, la oposición de sindicatos y empresas mineras es frontal a una medida que consideran lesiva para los intereses económicos de las sociedades extractoras que seguirían sin facturar producción a las eléctricas y, por tanto, sin ingresos que alivien la precariedad financiera que arrastran desde hace meses. Según explicó Alberto González Llamas, que es secretario de la Federación de Industrias de Comisiones Obreras, la oposición sindical a esa elección del Ministerio de Industria de iniciar la producción de electricidad térmica con el carbón almacenado es consecuencia de que no cumple con el fin de dotar de estabilidad económica al sector, tal y como se pretende con el plan de carbón.
El martes se verán las caras . Citas a la vista para tratar de desbloquear la aplicación del decreto llamado a salvar el carbón de la muerte: el martes, día 2 de noviembre, está prevista una reunión en Madrid entre el Ministerio, las empresas eléctricas y Carbunión. Tres partes cara a cara en la misma mesa.
La parte gubernamental desmitifica el dictamen del Tribunal de Luxemburgo, menor y no vinculante, y argumenta que lo que vale el lo que aprobaron los comisarios de la Energía en Europa.
Más difícil de encajar es la medida cautelar de suspensión temporal de la aplicación del decreto por parte de la Audiencia Nacional. La reunión tripartita en torno al carbón, el gobierno con las eléctricas, que han entrampado tres batallas judiciales contra el carbón nacional, y las empresas carboníferas, que vuelven a contar los euros que les quedan en caja para pagar la nómina en noviembre, se celebrará en vísperas de que la Audiencia Nacional resuelva sobre la reclamación de las eléctricas que solicitan medidas «cautelarísimas» sobre el decreto del carbón. Que se congele mientras no se resuelva el recursos ante el Tribunal Supremo. En medio de estas circunstancias, los representantes ministeriales reconocen un nuevo retraso en la aplicación de la normativa, una situación que se traslada a la cuenta de resultados y tesorería de las empresas mineras, lastrada por varios meses sin facturar y sin ingresar un euro en caja. El devenir del carbón leonés se fía al resultado de las citas administrativas y judiciales que tiene la próxima semana. Un mes después de que se anunciara su segura salvación.