Diario de León

La Junta advierte a las eléctricas de que «en algún momento necesitarán ayuda»

Herrera reprocha a las compañías su «falta de sensibilidad» con el sector del carbón

Juan Vicente Herrera, ayer durante la visita a una empresa en Valladolid.

Juan Vicente Herrera, ayer durante la visita a una empresa en Valladolid.

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La Junta de Castilla y León avisó ayer a Iberdrola, Endesa y Gas Natural Fenosa de que «en algún momento» necesitarán de su «apoyo y consejo» para sacar adelante algún proyecto y que «será el momento de recordarles» que «no actuaron como tenían que actuar» ante el decreto de apoyo al carbón.

Así lo expresó ayer, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de Castilla y León, el portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, se ha referido al recurso planteado por las compañías eléctricas ante el Tribunal de la Unión Europea contra el decreto de apoyo al consumo de carbón autóctono aprobado por el Gobierno de España y autorizado por la Comisión Europea.

Después de que el miércoles el Tribunal de la Unión Europea ordenara la paralización provisional de las ayudas por el consumo de carbón autóctono, el Gobierno autonómico se ha puesto en contacto con el Ministerio de Industria para «conocer los distintos procedimientos judiciales abiertos», ya que hace unas semanas anunció su intención de personarse en estos contenciosos judiciales.

Ya entonces, el consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, avisó a las eléctricas de que la Junta «tomaba nota» de su actitud ante un decreto que beneficiaba los intereses de Castilla y León, aunque ayer el portavoz ha concretado un poco más esta postura.

«Ya os esperaremos»

«Ya os esperaremos», ha dicho a las eléctricas De Santiago-Juárez, convencido de que no se trata de «transmitir miedos» a la sociedad, sino de transmitir «tranquilidad y confianza».

El portavoz se ha quejado de que las empresas eléctricas ni siquiera informaran a la Junta de Castilla y León de su intención de plantear este recurso judicial y, aunque ha defendido la legitimidad de las compañías para presentarlo, ha insistido en que el Gobierno autonómico jugará sus bazas en negociaciones futuras.

De Santiago-Juárez ha considerado también «legítimo» que la Xunta de Galicia haya recurrido también este decreto del Gobierno para defender los intereses de las centrales térmicas que alberga en su territorio, aunque ha distinguido entre la postura de la Administración autonómica y la de las eléctricas.

El portavoz de la Junta ha recalcado que, pese al apoyo al contenido del decreto del carbón aprobado por el Gobierno, «el responsable de la situación del sector es el presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero», a quien ha definido como el «principal enemigo» de la minería. «No se ha podido gestionar peor este asunto, tienen que buscar una solución a este problema, diga lo que diga el Tribunal de Luxemburgo», ha zanjado.

Por su parte el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, aseguró ayer que su gobierno está «muy preocupado y ocupado» pero «muy cerca» del Gobierno central. Es necesario, según Herrera, que el Ejecutivo español «más pronto que tarde» pueda regularizar esta situación para dar al sector plena garantía de que se siga primando el carbón nacional.

Herrera señaló que ya ayer se establecieron contactos con el Ministerio de Industria y recordó que la situación en la que se encuentra el sector viene derivada de la suspensión por parte del Gobierno de una línea de ayudas dirigidas al apoyo y de incentivos dirigidos al consumo de carbón autóctono.

En este «momento de inquietud», el presidente de la Junta abogó por estar «muy cerquita del Gobierno» que debe ser «muy consciente» de que tiene que cerrar esta línea «preocupante».

Además, el presidente de la Junta recomendó a las compañías eléctricas que no entren en beligerancias y las reprochó su «falta de sensibilidad». Ellos, dijo, tienen un posicionamiento y unos recursos ante unas medidas «cauteladísimas» a través de las cuales se entorpece una línea de tranquilidad de las empresas, trabajadores y comunidades autónomas «directamente implicadas».

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