Industria recurre los autos contra el incentivo del carbón de la Audiencia
Las eléctricas exigen una solución que no perjudique sus intereses económicos
Las eléctricas reclaman medidas para evitar pérdidas.
El Ministerio de Industria recurre los autos de la Audiencia Nacional contra el desarrollo del real decreto de incentivos al carbón, y «confía en resolver pronto a través de los tribunales la actual situación». Así lo aseguraron ayer fuentes del departamento que dirige Miguel Sebastián. «El ministerio ha encargado a la Abogacía del Estado que presente recursos a los tres autos de la Audiencia» dictados el viernes, por los que posponía su decisión sobre las medidas cautelarísimas solicitadas por Iberdrola, Endesa y Gas Natural Fenosa.
Las eléctricas recurrieron la resolución del 26 de octubre, que fija las cantidades de carbón nacional que deben adquirir las eléctricas para quemarlo en las térmicas, así como los precios a aplicar. La medida obligaba a las empresas a comunicar en tres días a la Comisión Nacional de la Energía las cartas de compromiso de compra del mineral en el futuro.
Industria insiste además en que el real decreto es «jurídicamente impecable»; y considera que es «el oportuno salvavidas que puede evitar la situación de riesgo en que se encuentra el carbón, única fuente fósil autóctona, cuya pervivencia es estratégica para la seguridad del suministro».
Las eléctricas contestan. Por otro lado, la patronal de las empresas eléctricas salió ayer al paso de las duras acusaciones que desde las administraciones autonómicas se realizaron el viernes, al firmar en Valladolid un documento marco para el futuro reglamento de ayudas al carbón. La Asociación Española de la Industria Eléctrica llamó a intentar «buscar un punto de equilibrio» entre los incentivos y los intereses económicos de las compañías, y lamentó que desde el Gobierno no hayan querido atender su demanda. No quisieron, sin embargo, entrar a valorar los ataques de los representantes autonómicos, con el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, al frente. «No polemizamos con las instituciones, que son libres de decir lo que quieran. Ellos se mueven con criterios políticos y sociales, que no tienen por qué coincidir con las exigencias empresariales».
La patronal hizo pública también una declaración en la que asegura que «no se ajusta a la realidad afirmar que el sector eléctrico impide que el carbón reciba las ayudas que la Administración considere necesario adjudicar»; y aboga por «llevar a cabo una política diseñada para el carbón sin por ello causar graves daños enel mercado eléctrico. Pero hasta la fecha no se ha tratado de encontrar ese punto de equilibrio».
Insisten las eléctricas, cuyos recursos ante los tribunales españoles y europeos están suponiendo una nueva traba para el desarrollo del real decreto de incentivos que permita desbloquear la crítica situación en la que se encuentra el carbón, en que la oposición a estas medidas se basa en que «provocan una grave distorsión en el mercado eléctrico». Insisten en que «si los reguladores no dan una solución para los ciclos combinados de gas y otras plantas de carbón, pueden plantearse dificultades objetivas, en la medida que pueden quedar como capacidad ociosa instalaciones que sin embargo resultan necesarias para atender el suministro eléctrico en momentos de alta demanda».
Unesa calcula en 1.743 millones de euros las pérdidas de explotación de los ciclos combinados y en 872 millones las que queman carbón importado. La patronal explica además que la falta de soluciones a sus demandas es lo que las ha obligado a acudir a las vías jurisdiccionales, pero que eso «no puede interpretarse como una medida de presión, sino más bien de arbitraje».