La batalla judicial del carbón abre nuevo capítulo con la respuesta del Gobierno
La Subcomisión de Energía debate esta semana la estrategia energética del país
El ministro de Industria, en una foto de archivo, con la Comisión del Carbón.
Cinco días fue el plazo que la Audiencia Nacional dio al Gobierno para recurrir el auto dictado el pasado viernes, por el que mantenía las medidas de suspensión solicitadas por las compañías eléctricas contra la decisión de la Secretaría de Energía de Estado de que presentaran en tres días las cartas de compra de carbón nacional hasta el 2012. Un plazo en el que el Ministerio de Industria presentará recurso, según anunció este fin de semana.
Nuevo capítulo en el proceso de judicialización en el que se ha sumido la aplicación del real decreto de incentivo al consumo de carbón nacional, que se desarrollará en una semana en la que el sector está pendiente de que el departamento que dirige Miguel Sebastián adopte medidas urgentes para paliar la asfixia financiera en la que está sumidas las empresas mineras, y que tras las decisiones judiciales de la pasada semana se prolongará en el tiempo aún más de lo previsto. Decisiones que habrán de tomarse entre la presión del nuevo expediente de regulación de empleo que presenta el Grupo Alonso y el pago de las nóminas, que deben ser abonadas a finales de esta semana.
De momento el Ministerio de Industria tiene que plantear recurso de reposición ante el auto de la Audiencia Nacional que, a la espera de lo que resuelva el Tribunal Supremo, acepta el argumento de Iberdrola, Endesa y Gas Natural Fenosa de que el plazo de tres días para presentar la carta de compromiso de carbón autóctono para los próximos dos años (frente al plazo de dos meses que fijaba inicialmente el decreto) es insuficiente, y puede perjudicar los intereses de las compañías.
El auto de la Audiencia Nacional explita también que estas cartas de compromiso no son «verdaderos contratos, sino que son una manifestación de continuidad de las relaciones existentes con anterioridad, que conforman un requisito indispensable para poder percibir las ayudas a las que se refiere el real decreto». Y concluye que en estas cartas «no es preciso fijar el precio».
Insiste en que el propio Tribunal Supremo ya insistió en la «perentoriedad del plazo de tres días y la Comisión Nacional de la Energía también había recomendado en su informe que el referido plazo debería ampliarse a un mes», según reza el documento.
En busca de apoyos
Mientras tanto, el Gobierno desarrolla estos días una intensa labor de negociación con los distintos grupos políticos, en un intento de lograr el mayor apoyo posible a su política de defensa del sector del carbón. Esta semana la Subcomisión de Energía del Congreso, que analiza la estrategia energética del país en los próximos años, deberá debatir el peso de las distintas fuentes energéticas en la producción eléctrica nacional.
Desde el Ejecutivo se defienden los motivos del autoabastecimiento energético y la excesiva dependencia del exterior para defender la necesidad de mantener el acceso a una reserva estratégica de la única materia prima autóctona capaz de generar energía de forma segura. Además, se defiende el coste social que tendría en las comarcas dependientes del carbón.