El reglamento que prepara la UE impone que las ayudas estén vinculadas al cierre

La propuesta de reglamento de ayudas a las explotaciones de carbón no competitivas que votará la próxima semana el Consejo de Europa no introduce ninguna de las mejoras que se aprobaron el pasado día 23 en el Parlamento Europeo, a excepción de prolongar el tiempo de aplicación de las subvenciones hasta el 2018. Así será a menos que los países afectados por los cierres consigan hoy, en la reunión del Comité de Representantes Permanentes (Coreper), introducir algunas de las mejoras que fueron aprobadas por una amplia mayoría en el Parlamento Europeo. En cualquier caso, el planteamiento que se mantiene es el de que las minas estén cerradas a finales del 2018 o devuelvan la totalidad de las ayudas recibidas a partir del 1 de enero próximo; incluso las que en estos ocho años alcancen la rentabilidad.

De momento, la propuesta que plantea la presidencia belga establece unas duras condiciones para las empresas que perciban estas ayudas, y no contempla otra opción que no sea el cierre de las explotaciones al final del periodo. Más allá, establece que «las minas de carbón no competitivas que actualmente se benefician del reglamento podrán no volver a ser elegidas para recibir ayudas y podrán ser forzadas al cierre».

En los últimos días las delegaciones de los países con minas de carbón y las patronales del sector en España, Rumanía, Polonia, Eslovaquia y Alemania han mantenido una intensa campaña de contactos para evitar que el nuevo reglamento suponga inevitablemente la liquidación del sector.

El caso es que la propuesta que ahora se baraja, al margen de las condiciones que impone para recibir las ayudas, sigue una filosofía contraria al sector: «La pequeña contribución del carbón subvencionado al conjunto del mix energético ya no justifica el mantenimiento de tales ayudas con vistas a asegurar un suministro de energía en la UE». La propuesta comunitaria de fomentar fuentes de energía renovable y una economía sostenible y segura con baja aportación de carbono «no justifica un apoyo indefinido a las minas de carbón no competitivas».

Además, la propuesta aclara que deben ser los países quienes «sean capaces de tomar medidas para aliviar las consecuencias sociales y regionales del cierre de las minas, y «sobre esto sería bueno una ordenada disminución de la actividad como preludio a un plan de cierre irrevocable».

También recoge que las empresas deben separar las cuentas de sus distintas unidades de producción, para que las ayudas no se destinen a un fin distinto al establecido.

Se insiste en que si las minas que reciben ayudas no cierran en las fechas establecidas por la Comisión Europesa, «el estado afectado devolverá todas las ayudas concedidas respecto al periodo completo del plan de cierre».

También es competencia de los estados, según la propuesta, «proporcionar un plan de medidas apropiadas, por ejemplo en el campo de la eficiencia energética, energía renovable o captura de carbono y su almacenaje».