La Federación Minera de USO no se suma a la huelga convocada por CC.OO.
La Federación Minera de USO no se suma a la jornada de huelga convocada en solitario por CC.OO. para el próximo día 9, según anunció ayer su secretario general, Marcos Martínez, quien indicó que después de celebrar las correspondientes asambleas los delegados habían rechazado sumarse a esta protesta.
Martínez abogó ayer por «sentar cuanto antes las bases de la colaboración entre los sindicatos, y también con los partidos políticos, porque es mucho lo que se está jugando la minería, y debemos realizar actuaciones meditadas y conjuntas, no con individualismos».
El dirigente sindical hizo también un llamamiento para «establecer un marco inmediato de unidad que permita denunciar a las empresas eléctricas, que son las auténticas culpables de la crisis que está a punto de llevarse por delante la viabilidad de las compañías mineras». Martínez planteó que incluso se reclamen a las tres eléctricas que han presentado los recursos que tienen paralizada la ejecución del real decreto de incentivos al consumo de carbón autóctono (Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa) los daños que están causando al resto de las empresas, «como ya ha hecho Hidrocantábrico».
El secretario general de la Federación Minera de USO en León volvió a reclamar ayer una vez más la participación de su sindicato en la Mesa de Seguimiento del Plan del Carbón, y en cualquier caso, insistió en la necesidad de que se reúna cuanto antes para acelerar la llegada de los fondos a las cuencas. «Y que se tenga en cuenta también que los millones de euros pendientes de inversión deben ir primero a las empresas mineras. Sí tendrán que dedicarse a la reconversión, pero ahor lo más urgente es la delicada situación que atraviesan las compañías mineras. Si ellas no salen adelante, todo lo que se haga por la reconversión no tendrá sentido».
Marcos Martínez recordó también una de las principales propuestas de su sindicato durante las movilizaciones del pasado mes de septiembre: «Ya entonces reclamamos la intervención del Estado en aquellas empresas del carbón que, habiendo recibido sus ayudas, no cumplan con los trabajadores.