El Gobierno no mueve ficha con el Real Decreto del Carbón

En contra de los intereses de aquellos que tratan de despejar el grave problema social y económico de las cuencas mineras de León al año 2018, y sucesivos, empresarios del carbón y trabajadores del sector esperan soluciones inmediatas. Que mantengan con vida a un segmento económico que aún da soporte al 23% del producto interior bruto de esta provincia. No debe pensar lo mismo el Ministerio de Industria, que mediado el mes de diciembre no se ha puesto aún en contacto con las empresas extractoras de carbón para detallar la forma de aplicación del Decreto del Carbón, norma indispensable para poner en marcha la actividad minera, que la estructura productiva y económica recupere movimiento y, sobre todo, que la facturación devuelva un halo de vida al sector carbonífero, que ahora se debate entre expedientes de regulación de empleo, suspensión de pagos y agonía económica para las siete mil familias leonesas que, de una forma más o menos directa, dependen en su manutención de que el carbón salga de las minas y se emplee para generar energía eléctrica en las centrales térmicas. La Hullera Vasco Leonesa, una de las empresas referentes del sector en la provincia y esencia económica de toda la cuenca del Bernesga, ya ha fijado en enero el límite para la suspensión de pagos. Al mismo tiempo, se descubren desajustes entre lo que promete el Gobierno como solución coyuntural y lo que realmente reciben el sector; de momento, dos millones de euros menos de lo anunciado como pagos de las eléctricas a cuenta de Iberdrola que no ha aportado ese dinero a la Hullera y los grupos correspondientes de Uminsa.