El consistorio ha gastado 80.000 euros en recurrir los fallos del IBI y el tranvía

El recurso de la sentencia del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) «le ha costado a la ciudad ya 58.600 euros», según alertó el concejal del PP Luis Nogal. Una factura que cursa el despacho externo Garrigues y que se desglosa en tres expedientes de disposición de gasto aprobados por la Junta de Gobierno Local: 20.880 euros, el 30 de julio, por «honorarios de elaboración del análisis técnico jurídico»; 17.700 euros, el 30 de noviembre, por «honorarios profesionales para la asistencia legal en la elaboración del recurso de apelación»; y 20.060 euros, en la misma fecha, por «honorarios profesionales por la formalización del recurso de casación». Una estrategia de fraccionamiento con la que el equipo de gobierno «está incumpliendo el artículo 74.2 de la Ley de Contratos del Sector Público, dado que el haber realizado estos tres contratos, existiendo como existe una relación entre los mismos, debería haber sido objeto de un solo contrato», puesto que el testo legislativo establece que «no podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir los requisitos de publicidad, o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan, salvo que sean independientes».

Nogal incidió en que «es curioso que se contraten con el tope de 18.000 euros, más el IVA, que es el tope legal para hacerlo sin acudir a concurso público». «Su contratación por separado implica una clara contravención de lo dispuesto en dicha Ley. Una vez más, el señor Fernández raya la ilegalidad y muestra la opacidad de su gestión. La ciudad de León y los leoneses no nos merecemos una gestión tan nefasta y tan llena de mentiras como la que se está llevando a cabo con nuestros impuestos», relató el edil del PP.

A la cuenta se suman otros 21.004 euros por «el recurso de apelación sobre el auto de medidas cautelares de paralización de las obras del tranvía», planteado como respuesta al fallo judicial que impidió que se realizasen las obras de reurbanización de Santo Domingo y la ejecución de la traza tranviaria en Padre Isla. «En poco más de 3 meses se han abonado a este despacho unos 80.000 euros por sus trabajos. Trabajos que perfectamente podrían haber preparado los tres abogados que hoy en día tiene en plantilla el Ayuntamiento de León. Por tanto, el PSOE se podría haber ahorrado estos casi 80.000 euros, que al final los pagan todos los leoneses», atacó en su intervención Nogal.

Este nuevo gasto se apunta como «otro derroche más, a los que, por desgracia, el señor Fernández nos tiene acostumbrados». «Nos seguimos preguntando para qué tantos estudios económico financieros, tantos estudios de salvación, tantos planes de ajuste, si al final de todo esto, el alcalde sigue diciendo lo que quiere, pero haciendo lo que le da la gana. No nos merecemos una gestión tan nefasta y llena de mentiras», resolvió el concejal de la oposición.

A la espera del Supremo. La sentencia del IBI se encuentra ahora en el Tribunal Supremo. El alto órgano judicial deberá decidir si ratifica el fallo en el que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León decretó la nulidad de la ordenanza reguladora de impuestos, dado que se publicó en el Boletín Oficial de Provincia (BOP) con fecha de 1 de enero del 2008, pese a que fue impreso el día 3 de enero. La deliberación mantiene a la espera el cumplimiento del compromiso de devolver la subida del 28% a todos los vecinos si la sentencia era firme, según subrayó el alcalde, quien acusa a la Diputación, que regula la impresión del BOP, de ser la responsable de la irregularidad.