El PAL-UL en San Andrés critica que se contrate un gabinete jurídico

El Grupo Municipal del PAL-UL en San Andrés del Rabanedo emitió ayer un comunicado en el que muestra su preocupación por el hecho de que la alcaldesa, María Eugenia Gancedo, haya puesto en marcha una «cacería de empleados».

«Prueba de ello son las últimas contrataciones que ha llevado a cabo. La primera, un asesor general para la toma de decisiones. Recientemente ha destituido al vicesecretario general y ha incorporado a una funcionaria del Ayuntamiento de Villaquilambre cuyo sueldo es a cargo del Ayuntamiento de San Andrés, y en este momento ha tomado un nuevo acuerdo que afecta no solo a la asesoría jurídica municipal sino una vez más a las arcas municipales».

«La alcaldesa ha dado orden de contratar un gabinete jurídico externo, es decir quiere contar con los servicios de un gabinete profesional que asesore y defienda al Ayuntamiento frente a la ingente cantidad de demandas que nos llueven cada mes. En la actualidad gasta 211.944,57 euros anuales en nóminas destinadas a funcionarios de carrera con funciones de asesoramiento legal así como en defensa ante tribunales».

Tres asesores. «Tres son los asesores jurídicos que tiene este Ayuntamiento; un letrado, un asesor general y el propio secretario de la Corporación. Pero parece ser que tres doctos en derecho son insuficientes para asesorarla y ha decidido invitar a dedo a cinco despachos de abogados. El Ayuntamiento ha licitado estos servicios en 21.234 euros, IVA incluido».