El PP denuncia que la justicia exige a San Andrés 10 millones de euros
La justicia reclama a San Andrés diez millones de euros, fruto de los diferentes conflictos que tiene abiertos con los acreedores por impagos. Así lo denunció la portavoz del PP, Isabel Fernández, que calificó de «vergüenza» la postura que mantiene el equipo de gobierno ante la deuda con los proveedores, «a los que sólo da largas en espera de que transcurran, lo más pacíficamente posible, los próximos meses hasta las elecciones municipales». Según los populares existen reclamaciones judiciales que podrían aproximarse a los diez millones de euros por estos conceptos. Además, Fernández avanzó que, respecto de algunas de ellas, «ya se ha dictado sentencia firme, por lo que el Ayuntamiento está obligado a pagar quiera o no». Ante esta situación, el PP se pregunta con qué recursos afrontará el gobierno del PSOE el pago si para abonar las nóminas «ha privatizado el agua hasta el año 2046». También se pregunta que otras sorpresas les esperan a los ciudadanos del tercer municipio de la provincia. La edil del Partido Popular ha pedido acceso a todas las resoluciones judiciales, firmes o no, que condenan al Consistorio a pagar cantidades reclamadas judicialmente por los acreedores. Una solicitud que, hasta ahora, no ha tenido respuesta. Además, Isabel Fernández mostró sus dudas sobre que el equipo de gobierno acceda a esta petición. «Probablemente, como ha ocurrido en alguna ocasión, se vulnere el derecho de la oposición a acceder a información obrante en las dependencias municipales porque no interesa que conozcan algunos datos», auguró Fernández. Añadió que si preocupante es la deuda no menos inquietante son los intereses generados que, en la mayoría de los casos, superarán al principal. «A día de hoy no es posible saber con certeza cuánto podría suponer todo esto pero en algún momento saldrá a la opinión pública la verdadera situación económica de San Andrés», insistió la concejala del Partido Popular que no es la primera vez que arremete contra la complicada situación financiera por la que atraviesan las arcas municipales con una deuda superior a los 30 millones de euros.
Protesta. Por otro lado, el Partido Popular mostró ayer su rechazo a la decisión del equipo de gobierno de suprimir algunas plazas de aparcamiento en la entrada el colegio de La Anunciata, dónde se ha instalado la señalización correspondiente que prohíbe aparcar. Los populares se hacen eco del malestar de los ciudadanos que frecuentan esta zona y aseguran que es peligroso el lugar en el que se ha instalado la bancada para las bicicletas.