Los sindicatos denuncian que la Ley Postal favorece el negocio privado
La Ley Postal que ayer aprobó el Congreso de los Diputados, y que liberalizará el servicio a partir del próximo 1 de enero, favorece el negocio de los operadores privados en detrimento del derecho de los ciudadanos a un servicio público postal, y además recurrirá a la reducción de plantillas y la pérdida de derechos laborales para ajustar costes. Así lo aseguraron ayer Fermín García del Río, de CC.OO.; Ángel Aller Sevillano, de CSIF y Gregorio Rodríguez Peláez, del Sindicato Libre de Correos, que representan la mayoría sindical en la empresa pública y que advirtieron que la aprobación de la ley no implica que la conflictividad que se ha producido en torno a ella en los últimos meses haya terminado. La vigilancia del desarrollo a través de reglamentos de la norma legal, ya que «se dejan a las futuras reglamentaciones cuestiones fundamentales del servicio»; y la batalla por los derechos laborales de los trabajadores serán los dos caballos de batalla en los que se centrarán los sindicatos en los próximos mees.
La mayoría sindical en Correos (la mayor empresa pública del país) critica que el nuevo marco regulatorio postal «conlleva un recorte del servicio público» a los ciudadanos, y que deja en entredicho la viabilidad del operador público.
En opinión de los sindicatos, la Ley Postal «puede tener la legalidad, pero no tiene la legitimidad, porque cuenta con enorme contestación social y sólo está apoyada por las minorías nacionalistas». Los representantes de los trabajadores denuncian el recorte del Servicio Postal Universal, que se concentrará en la creación de buzones concentrados y casilleros que ya se están implantando en algunas zonas, y que termianrá con la supresión de oficinas, la reducción de horarios de atención al público, el recorte de los días de entrega y recogida del correo o «la apertura de vías para la fragmentación de la prestación del servicio postal», en una situación que perjudicará especialmente al mundo rural.