El sector minero exige al Gobierno que aplique ya el decreto del carbón
Las eléctricas exigirán hoy al Tribunal de Luxemburgo que suspenda las ayudas

Los pozos mineros de las cuencas leonesas, sin actividad.
Los sindicatos se suman a la sugerencia que el sector empresarial minero le ha hecho llegar al Gobierno, para que se comience a aplicar ya el decreto del carbón una vez que las trabas judiciales quedaran despejadas en el ordenamiento jurídico español tras el fallo de la Audiencia que levantó las medidas cautelares logradas por las eléctricas. De esta exigencia se hizo eco ayer el representante ugetista José Manuel Álvarez Maestro, quien considera esencial la aplicación del decreto para comenzar a devolver la actividad a las cuencas, el carbón a las térmicas y la normalidad laboral a las empresas. «Y la retirada inmediata de los eres y los despidos», subrayó. Para llegar a ese punto, sin embargo, es necesario que fluya la legislación que discriminará positivamente el consumo de carbón nacional como parte esencial del mix energético del país. «Ya no hay nada que impida que el Gobierno ponga en marcha la aplicación de ese decreto», manifestó el dirigente ugetista lacianiego.
Todo, en la víspera de la vista que se va a celebrar en el Tribunal de Luxemburgo sobre la demanda de las eléctricas españolas contra la aplicación del decreto del carbón aprobado por el Gobierno en septiembre y sobre el que pesa una petición de suspensión que junto a Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa presentó la Xunta de Galicia. La máxima instancia judicial europea ordenó el pasado la paralización provisional de las compensaciones a las compañías eléctricas españolas que utilizan carbón autóctono para producir electricidad. Durante la vista oral que se celebrará en la sede del tribunal en Luxemburgo, los representantes legales de las eléctricas y del Gobierno gallego expondrán sus argumentos a favor de mantener la suspensión cautelar hasta la adopción de la sentencia que ponga fin al litigio. Al contrario, las empresas mineras pedirán al tribunal que desoiga esa petición de suspensión y libere definitivamente los cauces legales por los que fluyen las ayudas.