Dos niños nacidos en León, entre los 261 expedientes de bebés robados
Anadir tramita las denuncias de nueve castellanos y leoneses afectados por la trama
La Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares (Anadir) presentó ante la Fiscalía General de Estado la documentación de dos casos de dos mujeres que presuntamente dieron a luz en León a dos niños muertos y ahora reclaman que se investigue a los responsables de la presunta trama nacional que se dedicó durante los años 50 a 90 al robo y posterior venta de bebés. El abogado de la asociación, Enrique Vila Torres, confirmó ayer a este periódico que entre los 261 expedientes entregados en los juzgados de Madrid hay dos nacimientos en León, aunque los afectados leoneses puedan ser más en otras provincias, «Los contabilizamos por provincia de nacimiento, hay muchas denuncias, pero los expedientes sólo corresponden a casos que hemos investigado y tienen base suficiente». Además de los dos casos de León, Vila Torres tramita otros siete casos de afectados en la Comunidad; 3 en Salamanca, 1 en Valladolid, 1 en Burgos, 1 en Ávila y 1 en Zamora. «En Castilla y León hay seiscientas personas afectadas», explica Vila Torres, «pero no todos los casos los elevamos a la Fiscalía, sólo los que hemos comprobado».
La asociación está desbordada. El presidente, Antonio Barroso, asegura que los teléfonos de contacto no paran de sonar, «iniciamos esta investigación con unos pocos casos, pero vemos que nos desbordan, cada día aumentan más las personas que se ponen en contacto con nosotros para exponersus sus casos, pero los recursos de los que disponemos son pocos, ponermos dinero de nuestro bolsillo».
Anadir pide a Fiscalía del Estado que abra una investigación para identificar a los responsables de una trama que actuó en toda España, sobre todo entre los años 50 a 90, dedicada al robo y posterior venta de niños.
Investigación. «Necesitamos que se abra una investigación con un criterio unificado en todas las fiscalías», asegurado el abogado de la asociación Enrique Vila Torres, quien entregó en la sede de la Fiscalía General documentación sobre 261 casos de afectados de todas las comunidades autónomas. Junto al escrito en el que demandan la actuación del fiscal, la asociación ha entregado partidas de nacimiento falsificadas, pruebas de ADN de algunos afectados, declaraciones de padres que compraron a sus hijos y testimonios de enfermeras o enterradores que narran las irregularidades denunciadas, informa la agencia Efe.
«Entiendo que existía una red organizada que tenía capacidad económica, entre los captadores, los intermediarios de padres y las clínicas donde se facilitaban esos niños; evidentemente existía interconexión porque nunca los hijos robados acaban inscritos en las mismas ciudades en los que se robaban o nunca los padres eran de las misma ciudad donde se compraban», ha indicado el letrado. Considera que se podrían haber cometido, dependiendo de la época en que habrían ocurrido los hechos, suposición de parto y trafico de niños -coger el niño a una mujer para dárselo a otra para que lo inscriba como propio-, falsedad en documento público -falsificaciones de los registros civiles- coacciones y engaño a las madres biológicas.
Habría «un primer periodo, los años 40, cuando se cogieron niños de mujeres republicanas que estaban encarceladas, y otro, en la década de los 50, que se convierte en una trama mafiosa con una finalidad económica, en la que participan personas de izquierdas y de derechas y que dura hasta los años 90».