Memoria histórica o mafias: dos vías de lucha
L os afectados por la causa de los niños que fueron robados desde la década de los cuarenta hasta los años noventa comparten el mismo fin de que la Justicia investigue el delito y puedan encontrar a sus seres queridos, sin embargo, las dos asociaciones mayoritarias implicadas luchan por caminos separados.
La Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares (Anadir), que aglutina aproximadamente a 500 personas, pidió el pasado jueves a la Fiscalía que abra una investigación para identificar a los responsables de la trama dedicada al robo y posterior venta de niños.
La Plataforma Grupos de Afectados de Clínicas de Toda España de la Causa de Niños Robados, formada por alrededor de 300 familias, presentó una denuncia conjunta en la Audiencia Provincial de Madrid, que se inhibió en favor de la Audiencia Nacional el pasado año. La Plataforma vincula los casos al Régimen Franquista y sostiene el robo de niños se produjo para «compensar» a las familias afines al Régimen. El fiscal jefe de este tribunal, Javier Zaragoza, se reunió en un par de ocasiones a finales del pasado año con representantes de la Plataforma a los que les explicó que la causa no es competencia de la Audiencia Nacional, si bien se ofreció como «cauce de comunicación» con el Ministerio de Justicia para facilitar la creación de una oficina que coordine las demandas de los afectados.
Según el abogado de Anadir, Enrique Vila, el germen de la «mafia» en la que participaron desde médicos, hasta miembros de la Iglesia, se inició con el robo de los hijos de republicanos encarcelados, a quienes decían que los bebés habían muerto al nacer y que, en realidad, entregaban a familias afines al Régimen. A juicio de Vila, al poco tiempo, «esta práctica cruel» se convirtió en una trama nacional «pura y únicamente económica» e insiste en que las víctimas no eran sólo republicanos, sino familias de bajo estrato social. con robos y adopciones falsas. Vila añade: «quién se sienta afectado por el Régimen de Franco, que acuda a la Plataforma, quien se sienta víctima de una trama mafiosa que sólo pensaba en lucrarse, que acuda a la vía que nosotros hemos elegido».
La portavoz de la Plataforma, Mar Soriano, argumenta que el robo se llevó a cabo hasta los ochenta porque aún estaban vigentes las leyes franquistas. «Eso no lo hace una banda de traficantes de niños», opina.