USO denuncia que el CTR ocultó en el 2008 un accidente que incapacitó a un trabajador
El operario cayó de una escalera desde tres metros de altura y ahora sufre una discapacidad del 43%
Varios trabajadores separan los residuos en el CTR en una imagen de archivo.
Antonio Nicolás, secretario provincial de USO, sindicato mayoritario en el comité de empresa del CTR de San Román de la Vega, denunció ayer que en el año 2008 un trabajador de una empresa subcontratada, A.V.H., de 47 años, sufrió un accidente en la planta y la UTE Legio VII lo ocultó. El operario tiene reconocido un grado de discapacidad del 43% como consecuencia de las heridas sufridas al caer al vacío desde una altura de más de tres metros.
La víctima se encontraba el 18 de abril de ese año trabajando como mecánico y ajustador de maquinaria, con contrato eventual por circunstancias de la producción. Realizaba tareas de reparación de una máquina centrífuga separadora de sólidos cuando al descolgar el diferencial del polipasto sufrió una caída de una escalera manual. Ésta le había sido cedida por el personal de la UTE y se deslizó hacia atrás, según las conclusiones del fiscal delegado de siniestralidad laboral en la fiscalía provincial, que el 26 de febrero del año pasado denunció el caso en el juzgado de Astorga.
El trabajador sufrió lesiones consistentes en fractura de muñeca derecha, de codo izquierdo y contusiones múltiples, y precisó intervención quirúrgica y hospitalización. El Juzgado de lo Social número 2 de Zaragoza -”provincia en la que reside-” declaró su incapacidad permanente total mediante sentencia del 16 de noviembre del 2009.
Mientras tanto, el empleado denunció ante el Ministerio de Trabajo el 29 de mayo del 2009 las circunstancias en las que se produjo el accidente, y precisó que fue trasladado en una furgoneta a la Clínica San Francisco de León y derivado posteriormente a un centro en Zaragoza. En su queja denunció que «el accidente fue calificado como leve cuando debería haberlo sido como grave», que «las escaleras facilitadas por la UTE no eran el medio apropiado para realizar el trabajo», que «no se adoptaron las medidas adecuadas en materia de primeros auxilios», que no se le proporcionó «la formación teórica y práctica en prevención de riesgos laborales adaptada a las características del puesto de trabajo» y que no se le entregó copia del parte de accidente.
El fiscal consideró que los hechos pueden constituir un supuesto delito contra los derechos de los trabajadores y otro de lesiones por imprudencia grave. En su denuncia también indicó que la inspección de Trabajo calificó en su momento los hechos como graves y propuso una sanción de 6.138 euros.
«Este accidente no se comunicó a los delegados de prevención ni al sindicato. El trabajador leyó en la prensa el siniestro del pasado martes y llamó desde Zaragoza», indicó ayer Antonio Nicolás, que precisó que el accidente del 2008 «fue calificado como leve para evitar una inspección de trabajo, que actuó un año más tarde». «Aquí también se demuestra una negligencia importante en las medidas de seguridad», dijo el secretario provincial de USO, que recordó que «desde el 2004 en el CTR de San Román ha habido tres accidentes mortales». A ellos hay que sumar, indicó, «otros cinco siniestros con lesiones muy graves invalidantes de las víctimas, en manos y piernas» tanto en la planta de dicha localidad como en las de transferencia de León y Ponferrada, «y un número altísimo, imposible de precisar, de accidentes leves». De los graves, el último fue el sufrido el pasado martes por A.M.G., de 43 años, que quedó atrapado por su brazo derecho en una cinta «mientras la limpiaba con ella en funcionamiento y retirada una protección lateral», dijo Nicolás. El representante sindical precisó que «este es el modus operandi recomendado por la empresa, para ganar tiempo sin tener que desmontar dicha protección», y que añadió que «tras este siniestro la UTE ha dado orden de que estas cintas se limpien a la hora de comer, con ellas paradas, como se hacía al principio».
Por estos motivos, Nicolás anunció que USO estudia proceder penalmente contra los responsables de seguridad de la UTE tanto en el accidente del pasado 15 de febrero como en el del 2008, y en todos aquellos que continúen abiertos, en los que se personarán, dijo. Además, el sindicato instará a la administración a que se depuren responsabilidades administrativas, penales y civiles. «Este centro no puede llevar tres muertes y haber dejado a cinco hombres en casa con una discapacidad», dijo el representante sindical, que exigió un cambio en la política preventiva de Legio VII porque «en otros centros similares de la comunidad no se dan tantos accidentes». También por esta razón, hoy está prevista una reunión del Servicio de Relaciones Laborales (Serla) para evaluar la posible convocatoria el 4 de marzo de una huelga planteada por USO por los fallos de seguridad en el CTR denunciados por el mismo sindicato.
Este periódico intentó ayer sin éxito contactar con el gerente del consorcio Gersul, Secundino Prieto, y con el de la UTE Legio VII, Lisardo González, para tratar de contrastar todas estas denuncias.