El plan contra el fraude fiscal hace aflorar más de 126 millones
La consejera de Hacienda de la Junta de Castilla y León, Pilar del Olmo, anunció que el Plan de Control de la Consejería de Hacienda realizó durante 2010 un total de 31.197 actuaciones que permitieron aflorar fraude fiscal por importe de 126,4 millones.
En concreto, señaló en cuanto al plan de control, se efectuaron 30.825 liquidaciones complementarias por valor de 112,8 millones de euros. De ellas, 4.037 fueron del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, cuantificadas en 71,4 millones de euros. Ahora bien, el grueso de las liquidaciones complementarias se realizó en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos. Fueron 26.788, por 41,3 millones de euros. Junto a esto, la Dirección General de Tributos levantó 372 actas de inspección por una deuda de 13,6 millones de euros. El tributo que grava las transmisiones patrimoniales y la documentación notarial concentró el 55 por ciento del total, 203 actas valoradas en 8,5 millones. A continuación se situó el Impuesto sobre el Patrimonio -extinguido en la actualidad-, con 100 actas por 0,13 millones. Por último, se tramitaron 69 actas por cinco millones de euros relativas al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. También hizo hincapié en la reducción de la conflictividad respecto a los tributos cedidos, lo que ha tenido como consecuencia una disminución de los recursos que se presentan ante la Consejería de Hacienda, con un porcentaje de reclamaciones del 0,8 por ciento. El menor número de litigios también se observa en los recursos ante el Tribunal Económico-Administrativo, sólo el 7,1 por ciento de las liquidaciones complementarias. En materia de gestión, llama la atención el hecho de que vuelven a incrementarse de forma notable los aplazamientos y fraccionamientos de deudas tributarias. En atención a la difícil situación económica de muchas familias y empresas, en abril de 2009 la Consejería de Hacienda simplificó y flexibilizó los requisitos necesarios para beneficiarse de esta posibilidad. Esto permitió que en 2010 se produjeran 1.658 aplazamientos y fraccionamientos de pago.