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El TSJCyL suspende el presupuesto de San Andrés por infringir la ley
El juez aprecia indicios de una infracción del principio de estabilidad presupuestaria
La sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León dictó el pasado 29 de abril un auto por el que acuerda estimar el recurso contencioso administrativo presentado por el grupo de concejales del Partido Popular en el que solicitaba suspender el acuerdo del Pleno celebrado en San Andrés del Rabanedo el pasado mes de diciembre por el que se aprobaba el presupuesto del ejercicio actual. Es decir, el juez ha adoptado la medida cautelar de paralizar la ejecución del presupuesto del 2011 porque aprecia indicios de «una infracción del principio de estabilidad presupuestaria» y anuncia que recabará el pertinente informe del Tribunal de Cuentas.
El fallo, que el Tribunal notificó jueves 19 de mayo al PP de San Andrés, corresponde a una pieza separada del recurso presentado por los populares y que hace referencia a las medidas cautelares, algo de lo que ya tiene conocimiento el Ayuntamiento desde el pasado 25 de marzo.
El PP sustenta su pretensión cautelar en el informe del interventor general del consistorio que concluye que no ha sido aprobado el presupuesto contemplando un determinado superávit presupuestario y que el saldo por operaciones pendientes con acreedores «no refleja la verdadera cuantía».
De hecho, el TSJCyL añade que «la cuenta 413 Acreedores no contempla un saldo real que abarque la diferencia entre la liquidación presupuestaria de 2009 y los créditos aprobados hasta octubre de 2010, junto con lo que ya se contempla para el ejercicio del 2011». Por lo tanto se trata, añade, «de una omisión que puede comprometer los propios gastos del 2011». Además, el juez deja claro que «se reconocen una obligaciones de 31 millones mientras que se prevén unos ingresos de 21 millones».
Ante esta circunstancia, el auto recalca que «la aprobación y posterior ejecución de un presupuesto inadecuado podrá afectar a terceros y, también, directamente al interés general municipal». Este es uno de los motivo esgrimidos para adoptar esta medida cautelar.
El juez también advierte que a la ya real vigencia del presupuesto general de 2011, se adiciona la extraordinaria dificultad de la ejecución de una hipotética posterior sentencia estimatoria, toda vez que supondría dejar sin efecto o anular todas aquellas ejecuciones del gasto público sustentadas en el presupuesto general de 2011».
El Ayuntamiento tiene un plazo de cinco días para recurrir el auto. La paralización del presupuesto abre un abanico interminable de trámites jurídicos y económicos a partir del 23 de mayo.