«Hay mujeres que se niegan a tomar anticonceptivos»

Antonio Sánchez, gerente de la Clínica Multimédica de Salamanca, centro sanitario con el que la Gerencia de Salud de León ha concertado los abortos públicos, apuesta, a un año de la aplicación de la Ley, por revisar algunos aspectos de su aplicación. Sánchez sostiene que el aumento de trámites burocráticos por el que tienen que pasar las mujeres que deciden abortar pone en riesgo el principio de protección de identidad e intimidad de las mujeres. «El mayor peso de los trámites cae sobre las trabajadoras sociales», explica Sánchez. Estas profesionales son las que tramitan los expedientes de las mujeres y se encuentran con lo que Sánchez considera que es otro aspecto de la Ley que hay que modificar. Es lo que denomina «una utilización reiterada de la Ley por parte de algunas mujeres» que, por otra parte, se niegan a tomar anticonceptivos, «habría que revisar por qué el sistema público tiene que hacerse cargo de la interrupción de embarazos de mujeres que no quieren los a nticoncpetivos».