El PP pagará a una empresa para que le diga cómo debe sanear el consistorio
El Ayuntamiento añade a la auditoría la redacción de un plan de saneamiento
Las declaraciones de Gutiérrez sobre el pago de las nóminas han levantado el revuelo entre los trabajadores.
Después de dos semanas de agitación y mensajes de alerta sobre la situación financiera del Ayuntamiento de León, el equipo de gobierno del PP aprobará hoy el inicio de la tramitación para dejar en manos de una empresa externa la responsabilidad de cómo solucionar la situación económico financiera. Un encargo con el que no sólo se busca conocer «con absoluta precisión» la cuantía del agujero en las arcas municipales, como había anunciado el alcalde los pasados días, sino que también se encomienda a la consultora «la elaboración de un plan de saneamiento para los próximos cuatro años». Un auxilio profesional para poder asentar las líneas básicas sobre las cuales desarrollar el programa económico financiero de todo el mandato. La misma situación que hace cuatro años, aunque con los papeles cambiados: entonces, el PP, en la oposición, criticó que PSOE y UPL recurrieran al asesoramiento externo; ahora, emprende la misma estrategia de asesoramiento privado para saber qué debe hacer.
La aprobación del «expediente de contratación del servicio consistente en la realización de un diagnóstico económico financiero del Ayuntamiento de León y elaboración de un Plan de Saneamiento para los próximos cuatro años», según consta en el avance de la Junta de Gobierno, abre la convocatoria de un procedimiento de negociado abierto en el que se invitará a tres empresas, entre las que se cuenta Price Waterhouse, para que presenten sus presupuestos; sin límite de gasto, si se motiva la especialización necesaria de las consultoras, o con cerca de 250.000 euros de tope si se opta por la modalidad de contrato de servicios.
El arranque de la contratación sirve para que Gutiérrez tache con una raya el punto cuarto de las «Cien medidas para los cien primeros días». La propuesta en la que se comprometía a la «contratación de una auditoría», pero sin que en ningún momento se advirtiera que el trabajo iría acompañado del guión sobre cómo aplicar las medidas en la institución municipal de la capital leonesa.
Estos ajustes dictados por la empresa externa se empezarán a aplicar en otoño, según las previsión que Gutiérrez avanzó esta misma semana, cuando anunció que los primeros resultados de la auditoría estarían listos «en septiembre» o como muy tarde «antes de final de año».
La preparación del escenario no se separa mucho de la vivida hace cuatro años, en los albores del mandato de PSOE y UPL. El prólogo se sirvió también con declaraciones inconcretas sobre la cuantía de la deuda —que luego quedó fijada en la auditoría en 268,6 millones de euros— anuncios apocalípticos de quiebra técnica y cargas contra los anteriores gestores del consistorio. Un clima que terminó por explotar con la reducción de la plantilla, practicada a partir de la no continuidad de casi un centenar de trabajadores de jardines cuyo contrato se renovaba de manera automática año tras año en enero; y la subida del IBI un 28%, además de la revisión del impuesto de construcciones y las plusvalías. Medidas polémicas quien terminaron de levantar a los vecinos cuando se decidió semiprivatizar el servicio municipal de Aguas. Todo con arreglo a los mandatos que había expuesto la consultora Deloitte en su Plan de Salvación.
Ahora será otra consultora de reconocido prestigio quien le diga a los rectores municipales, que ya no son socialistas y leonesistas sino populares, qué medidas son las más oportunas para reconducir la situación económico financiera del Ayuntamiento de la capital leonesa.