Los estudios externos no cuestionaron la adjudicación

López Benito, que es público que no tiene buenas relaciones con Aquagest —su mujer trabajó unos meses para esta empresa en Aguas de León, la concesionaria de la capital, hasta que fue despedida—, según el portavoz del PP, por razones políticas, propuso la elaboración de dos estudios externos antes de tomar posesión, uno a propuesta de él mismo.

Realizados en un tiempo récord, en comparación con el plazo que tuvieron los técnicos de Saleal para analizar las cuatro ofertas que se presentaron al concurso, tampoco llegaron a ninguna conclusión clara como para plantear la anulación del concurso. El pliego de condiciones se elaboró durante el año 2010 y fue publicado en el BOP el pasado 21 de febrero, sin que existiera ninguna alegación. El contrato era por 125 millones y 25 años de gestión.

La balanza se decantó hacia Aquagest porque en su oferta proponía entregar a la mancomunidad el dinero que se generara por el aprovechamiento energético de los residuos de la depuradora, una vez instalado el motor, unos 220.000 euros al año, mientras las otras empresas que recurrieron «se quedarían con dicho beneficio», según uno de los estudios.