Contenciosos, convenio bloqueado y ratios de reciclaje insuficientes
Imagen de la finca El Busto en Santa María del Páramo, que alberga 400.000 toneladas de basuras apiladas en fardos.
Mientras la UTE tiene abiertos varios contenciosos judiciales contra Gersul para reclamar la deuda, sobre todo, en intereses de demora, el consorcio no acepta este criterio. Considera que el pago del canon de inversión al que debe hacer frente por el CTR no tiene un iva del 10%, tal y como pretende la empresa, sino del 7%. También Legio VII reclama a este organismo intereses por la denominada solución transitoria y el canon de explotación. Desde hace años, la devolución de facturas entre una y otra parte ha sido una constante al no estar de acuerdo con las cifras.
Otro asunto que enfrenta a consorcio y empresa es el coste del nuevo convenio que debe firmarse son los trabajadores, paralizado desde hace tiempo, y que ha causado ya dos largas huelgas que han paralizado la recogida de basura en toda la provincia. La UTE no quiere hacerse cargo del coste del aumento salarial de la plantilla, que Gersul pretende al menos cofinanciar.
El estancamiento de estas negociaciones por los diversos frentes abiertos llegó a obligar el pasado año a la presidenta a anunciar un expediente sancionador contra Legio VII por no cumplir el contrato.
El consorcio también achaca a la empresa múltiples incumplimientos del contrato en materia de reciclaje (los ratios no alcanzan los porcentajes acordados, tampoco la producción eléctrica ni de compost) y aprovechamientos, lo que le ha causado, de acuerdo a un informe de esta entidad, unas pérdidas de unos 22 millones de euros en cuatro años.
Por lo que se refiere a la solución de las balas de basura de Santa María, este enfrentamiento ha retrasado su solución. La recuperación de ese espacio supondrá un coste de nueve millones de euros que en principio deben pagar entre la UTE, Gersul y la Junta. Diez años después de recibir las primeras balas, la finca sigue atestada.
La tasa, congelada. La tasa del 2009, aprobada en el otoño del pasado año, seguirá vigente por el momento. Una tasa que tuvo que ser modificada a la baja tras los conflictos sociales generados por la subidas iniciales.