La Junta obliga a reducir la plantilla para acceder a cofinanciar la deuda

El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo tendrá que reducir la plantilla municipal si quiere acceder a la ayuda de la Junta de Castilla y León para refinanciar la deuda que asciende a los 78 millones de euros.

Esta es una de las premisas básicas para que el Ejecutivo Autonómico asuma el plan de rescate económico del Ayuntamiento presentado hace unos días, ante la Consejería de Hacienda, por el alcalde de San Andrés, Gregorio Chamorro, y el concejal de Hacienda, Fernando Vélez.

De hecho, la Junta considera «inviable» que un municipio de 32.000 habitantes tenga 408 trabajadores en nómina, lo que supone un gasto muy elevado para las arcas municipales. De hecho, las nóminas mensuales cuestan medio millón de euros.

Sin embargo, la Junta no ha puesto un dato sobre la mesa ni tampoco un plazo para que el Ayuntamiento lleve a cabo la reducción del personal que afectaría a los contratos temporales y a los empleados que estén en edad de jubilación.

El alcalde de San Andrés, Gregorio Chamorro, aseguró que aún es «prematuro» hablar de cifras porque antes hay que elaborar la Relación de Puestos de Trabajo y realizar un estudio pormenorizado de cada caso para evaluar la situación real. De hecho, la redacción de este documento aún no ha comenzado. Chamorro insistió en que la Junta ha dejado «muy claro que la plantilla está sobredimensionada».

Más de una década. Por su parte, el concejal de Hacienda, Fernando Vélez, recalcó que la consejera ha manifestado que salir de la crisis costará «más de una década» a San Andrés y tendrá que pasar «por la adopción de duras medidas de restricción de gasto en las diferentes partidas presupuestarias».

Una situación que será especialmente rígida, añadió, en el capítulo de personal y el apartado que recoge los gastos corrientes y de servicios.

«El abandono y la irresponsabilidad política, dan como resultado cierres de ejercicios con enormes déficits sin adoptar medidas correctoras», transmitió el edil de Hacienda al tiempo que hizo referencia a la propuesta de reforma de la Ley de Haciendas Locales que «encauce el enorme agujero económico que existe en muchos ayuntamientos, y palie así, la enorme deuda que existe con pequeños empresarios y trabajadores autónomos».

Fernando Vélez también se refirió a la sugerencia de la Junta de estudiar la interpretación de la ley para «dejar una puerta abierta» que permita pasar parte de la deuda de empresas acreedoras a deuda financiera con entidades bancarias. Una solución, según Vélez, que podrá ver sus frutos a primeros del año que viene.

Mientras tanto, el Ayuntamiento estudia adoptar medidas estructurales profundas que engloben la eficiencia y optimización del personal, renegociación los contratos de servicios, y realizar estudio profundo para mejorar la eficiencia energética en el municipio. El Ayuntamiento tiene 1.100 acreedores y una deuda de 78 millones.

Pleno extraordinario el martes. La Corporación Municipal celebrará el próximo martes un pleno extraordinario en el que se abordarán tres cuestiones que ya se llevaron a la sesión plenaria de hace una semana. El objetivo es ratificar su legalidad administrativa.

Así, la sesión deberán dar el visto bueno a la supresión de la plaza de vicesecretaria, creada hace más de dos décadas, y que supondrá un ahorro de más de 50.000 euros al año.

También se aprobará de nuevo la petición de un crédito al ICO, por importe de casi un millón de euros, para pagar a proveedores. Además, el Pleno tratará la creación de la comisión de investigación para analizar todo lo sucedido respecto al pago incorrecto de facturas a la empresa Cefiro.