La fiscal pedirá quince años de prisión para los autores del crimen de la joyera
La acusación particular propone 35 años de condena y las defensas aún lo sopesan.
El Ministerio Fiscal propondrá una pena que rondará los quince años de prisión para cada uno de los acusados por el crimen de Marta Villayandre, la joven leonesa que se dedicaba a la compra y venta de joyería cuyo cadáver apareció en un barranco de la localidad asturiana de Parana, cerca de Mieres a finales del pasado mes de enero.
La familia Villayandre ha contratado ya los servicios de un prestigioso bufete de abogados de Madrid especializado en estos asuntos para ejercer la acusación particular y propone una condena que puede llegar hasta un máximo de 35 años de prisión para cada uno de los encausados. Pese a que por el momento ninguna de las partes ha presentado escrito de calificaciones provisionales, los letrados de la víctima entienden que hay indicios suficientes como para considerar que el crimen fue un asesinato.
La fiscal encargada del caso sopesa si mantiene la misma consideración que el juez instructor, que apreció homicidio o si por el contrario entiende que la joven no tuvo opción de defenderse. Entre cinco y diez años de cárcel más diferencian uno u otro supuesto. «De momento, el sumario no ha llegado a la Audiencia Provincial, con lo cual no lo tengo en mi poder y es prematuro hacer cualquier avance», explicó la fiscal en conversación telefónica con este periódico.
El fiscal jefe de la Audiencia Provincial de León, Emilio Fernández, hizo un esbozo de los términos en los que puede moverse el asunto: «Todavía no es el momento procesal de presentar los escritos de calificación, pero lo que sí está claro es que en el más benévolo de los supuestos, hay un presunto caso de homicidio, que estaría penado con entre diez y quince años de prisión y un episodio de robo con violencia, que tiene un mínimo de dos años y medio o tres años y medio de cárcel, dependiendo del caso, hasta los cinco».
Poco relevante. Emilio Fernández entiende que el delito de uso fraudulento de vehículo a motor «no es especialmente relevante cuando se habla de estas penas tan altas, porque lo primero que hay que dilucidar es si se trata de un homicidio o un asesinato, que en este último caso podemos estar hablando de entre quince y veinte años de encarcelamiento. Pero de todos modos, mientras la fiscal no concluya su dictamen, huelga todo comentario porque hay múltiples variantes».
La acusación particular lo tiene más claro: «Hay indicios suficientes como para pensar que se cometió un asesinato. Nosotros vamos a exigir una pena de entre 20 y 30 años de prisión y luego en el caso de que se dicte auto de apertura de juicio oral, habrá que ver qué ocurre en sala. Pero en principio, tenemos claro que se trató de un asesinato y vamos a pedir las máximas penas».
A través del abogado que encarna la defensa de sus intereses, la familia agradeció esta semana las muestras de cariño recibidas en todo este tiempo «aunque esta circunstancia no alivia el dolor que sienten por lo que ha ocurrido, pero desean hacer patente su gratitud con las personas que les han testimoniado su apoyo».
Las defensas de momento prefieren guardar silencio.