El expediente a tres ediles de la capital hace saltar la ‘paz’ de López en el PSOE de León
El secretario de la agrupación local expedienta a sus ex compañeros sin motivo y en base a generalidades.

La ‘paz’ de Óscar López ya es historia en el PSOE de León. Esa paz, que el secretario general de los socialistas de Castilla y León creyó haber logrado el pasado 7 de diciembre con el nombramiento de la gestora en León, la ha hecho saltar por los aires el procurador y secretario de la agrupación de León, Miguel Ángel Fernández Cardo, al abrir expediente disciplinario contra tres de sus hasta no hace mucho companeros de gobierno en el Ayuntamiento capitalino: José Antonio Díez, Vicente Canuria y Francisco Gutiérrez.
A los tres ediles se les acusa de «no acatar los acuerdos expresamente adoptados por los órganos de dirección; ausentarse de manera reiterada de las reuniones del grupo municipal y obstruir la labor del mismo; y menoscabar la imagen de los cargos públicos y/o instituciones meidante apariciones en los medios de comunicación». Unos argumentos que demuestran el sinsentido del expediente, para el que no hay unos motivos claros.
Se habla de no acatar los acuerdos y no aceptar la presencia en las reuniones del grupo del presidente de la agrupación, Juan Fernando Rodríguez, pero no se dice ni cuándo, ni cómo, ni dónde se ha producido ese rechazo. Y lo mismo puede decirse de la acusación de ausentarse «de manera reiterada» de las reuniones del grupo, ya que ni siquiera se dice cuántas veces se ha producido esta ausencia, como tampoco se especifican las declaraciones de los tres ediles contrarias al partido y a los cargos públicos.
El procurador basa su expediente contra sus ex compañeros en el Ayuntamiento en meras generalidades y no aporta prueba alguna que la demuestren. Este expediente al único que beneficia, según ha podido saber este periódico a través de diversas fuentes, es al propio Cardo, ya que en su lucha por el poder del PSOE en la capital, que será clave para dominar la Ejecutiva Provincial, busca quitarse de en medio a José Antonio Díez, que figura como elemento clave de la alternativa que se opondrá al intento de Fernández Cardo de repetir en el cargo y apuntalar un núcleo fuerte que influya en la elección del secretario provincial del PSOE.
La pervivencia de la camarilla que instauró Francisco Fernández, quien se mantiene por detrás como asesor, que deja al descubierto de forma pública la fragmentación del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento: a un lado los tres expedientados y en frente, el resto.
Doce días después de nombrar la gestora. La decisión de abrir expediente informativo, aprobada por la Comisión Ejecutiva Municipal el 19 de diciembre, sólo 12 días después de que iniciara su labor la gestora provincial, convierte a Fernández Cardo en ariete. Ahora procurador en las Cortes, en las que ha heredado el sueldo de dedicación exclusiva de Óscar López, el ex concejal de Hacienda con el equipo de gobierno anterior se enfrenta a tres de sus ex compañeros agarrado a una presunta desobediencia «al no aceptar la presencia en las reuniones del grupo municipal socialista de Juan Rodríguez, presidente de la agrupación, cuya asistencia fue aprobada en la reunión de la Comisión Ejecutiva Municipal del 15 de noviembre del 2011».
La intromisión de esta persona en el funcionamiento ordinario del grupo municipal en el Ayuntamiento originó la ausencia de los tres ediles en las reuniones preparatorias de los plenos de noviembre y diciembre, amparados en que los estatutos del partido no contemplan la presencia de este cargo en el órgano de funcionamiento de los concejales. «Ausencia reiterada a las reuniones del grupo», recoge la comunicación enviada a los afectados, a los que también se acusa de «obstruir la labor del mismo». Argumentación que se remata con el apunte de que han «menoscabado la imagen de los cargos públicos y/o instituciones socialistas mediante apariciones en los medios de comunicación, poniendo al partido públicamente en una situación de inestabilidad interna». Una censura, aunque sin mencionarla, a su presencia en las reuniones de los críticos, que se iniciaron con la reunión de Astorga, en la que participaron otro medio centenar de cargos, como José Giménez, concejal también aunque en Toral de los Vados y contra los que no se ha hecho nada, lo que viene a demostrar lo aleatorio de la medida. Nadie en el partido a nivel nacional ha actuado contra los firmantes del escrito «Mucho PSOE por hacer» o «Yo estuve allí». Al contrario el todavía secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, en su entrevista exclusiva a DIARIO DE LEÓN defendió que fluyeran las disparidad de criterios y de ideas.
El escrito de comunicación señala las actuaciones como faltas graves, con sanciones de suspensión de militancia de dos a dieciocho meses, o muy graves, que pueden determinar la expulsión del partido. Castigo que la Agrupación Local no puede imponer, sino que propondrá en su caso a la gestora, que a su vez debe enviarlo a la Autonómica y de ahí a la Federal para que proceda. Una gestora que, de actuar contra los tres ediles, deberá explicar bien su argumentación para expedientar a Canuria, Díez y Gutiérrez y no haber hecho nada contra el alcalde de Quintana del Castillo por amparar a un maltrador como concejal desde el 2008.